2/3/15

Concurso: "Celebremos nuestro día"


Con motivo del próximo 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, Perú Consume organiza el concurso "Celebremos nuestro día".


¿Cómo participar?

Puedes participar a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter:


En Facebook:
Paso 1: Debes ser seguidor del fan page de Perú Consume.
Paso 2: Comparte uno de los contenidos del fan page de Perú Consume en tu perfil personal colocando el hashtag #concursoPC

En Twitter:
Paso 1: Debes ser seguidor de Perú Consume en Twitter.
Paso 2: Retuitea alguno de los tweets de Perú Consume colocando el hashtag #concursoPC

¿Cuáles son los premios?

Primer premio: Libro "Desnudando la mente del consumidor" de Cristina Quiñones.

Segundo premio: Una entrada doble para toda la cadena "Cineplanet" (no salas Prime) a nivel nacional, válida hasta el 31 de julio de 2015.

¿Hasta cuándo puedes participar?
Desde las 08:00 horas del 2 de marzo hasta las 14:00 horas del 15 de marzo de 2014.

¿Cuáles son las condiciones del concurso?
Para participar en el sorteo será necesario contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) el cual se solicitará a los ganadores.

Cada contenido del fanpage o tweet compartido genera una opción para participar en el sorteo. ¡A más contenidos compartidos, más opciones para ganar!

¿Cuándo se realizará el sorteo?
El sorteo de llevará a cabo el día 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, a las 15:00 horas y se anunciará a los ganadores en los perfiles de Perú Consume de Facebook y Twitter.

Perú Consume se pondrá en contacto con los ganadores mediante la red social que participaron.

¡Anímate a participar y fomenta la cultura de consumo!

27/2/15

Entre Pisco y Nazca: un trago amargo para las denominaciones de origen [por Alvaro Ocampo y Piero Arias]

Recordemos aquellas noches de sana diversión en las que, con lo ahorrado de los pasajes del mes, armábamos la chanchita para comprar un trago rendidor y que “empile” rápido. Llegábamos a la reja de esa tienda en la que no pedían DNI y solicitábamos cortésmente nuestro fiel trago bandera: “Deme un pisco por favor…un Varg ¿Qué?, ¿qué Vargas no es pisco? #wtf!


Recientemente la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI nos tumbó la infancia al determinar que el “Pisco Vargas” no  contaba con las características para serconsiderado bajo la denominación de origen pisco, lo que, en buena cuenta, significa que habíamos estado tomando cualquier cosa, menos pisco.

En ese contexto, debes estar preguntándote: (i) ¿Qué es una denominación de origen?; (ii) ¿Por qué es importante?; (iii) ¿Qué pasó en el caso Vargas?; y (iv) ¿Por qué $%&*# no dejan chupar tranquilo? Desarrollaremos brevemente cada una de estas cuestiones en el presente post -bueno, quizás la cuarta no-.


Una denominación de origen (en adelante, D.O.) es la asociación de un producto al nombre de una región o lugar específico de un país determinado (o incluso al país en general), pero no solo refiere a la ubicación geográfica, sino que implica que el producto tiene ciertas características especiales por las condiciones propias del espacio geográfico en el que se produce [1] [2]. Es por ello que a las D.O. se les conoce también con el nombre de “terroir” -que no significa meter terror en francés- o cómo se conoce en Hispanoamérica, el “terruño”.

Si aún no queda claro qué es una D.O., solo recuerda el año nuevo y ese dulce vino espumante al que llamabas “Champagne”. Lo que quizás no sabías es que el Noche Buena, que orgullosamente poníamos en nuestra mesa, no era ni por asomo un verdadero “Champagne”, pues éste solo se produce en la región de Champaña en Francia y puede costar más que una remuneración mínima vital.

Las denominaciones de origen son importantes para un país, pues ofrecen una serie de ventajas económicas, tales como diferenciar el producto en el mercado nacional e internacional, facilitar la penetración del producto en nuevos mercados y otorgar valor agregado [3].


Asimismo, estimula la demanda y constituye un mecanismo eficaz para la promoción de los productos nacionales, permitiendo exponer su calidad y garantía. Ello, por lo menos tiene dos efectos importantes en los consumidores: por un lado, les da la certeza sobre la calidad estándar del producto que están comprando y que ésta se mantendrá constante. Y por otro, traslada información valiosa sobre la elaboración y características del mismo.

Es por estas razones que es importante que no se altere el procedimiento o que cualquier productor -fuera del medio geográfico o ignorando el procedimiento artesanal- obtenga la D.O. Ello, no haría más que afectar el prestigio del producto destruyendo precisamente ese valor agregado que se logra con la denominación. Lo que viene sucediendo con el pisco, respecto del cual podría advertirse una crisis debido al mercado informal y la falta de fiscalización, como se puede ver aquí y aquí.

En líneas generales, las D.O. son de titularidad del Estado y es éste quien le otorga a un productor la facultad de asignarle a sus productos esta denominación en función a que sean provenientes del terruño y que cumplan con los estándares de producción y calidad propios de ella. En nuestro país, esta tarea ha sido encomendada al INDECOPI, en particular a la Comisión de Signos Distintivos, quien en colaboración con una asociación privada autorizada (Ej. el Consejo Regulador del Pisco) determinarán qué productos son aptos para ostentar una D.O. y las infracciones correspondientes, de ser el caso.

El Reglamento de la Denominación de OrigenPisco establece que el pisco es el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas Pisqueras” (Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios tradicionales de calidad; y producido en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna. Asimismo este reglamento señala que el pisco debe tener ciertas propiedades físico-químicas, así como tener un color, aroma y sabor particular (propiedades organolépticas).

En el caso de Vargas, los expertos del Consejo Regulador del Pisco informaron al INDECOPI que algo extraño pasaba con ese presunto pisco. Ante ello, se tomaron muestras en el supermercado y, luego de un análisis, se determinó que el producto Vargas no cumplía con los requisitos fisicoquímicos de acidez volátil, alcohol metílico ni con el requisito organoléptico del sabor establecidos en el Reglamento. En consecuencia, se sancionó a la empresa productora con 10 UITs y prohibió que el producto utilice la D.O. pisco (cabe preciar, que la resolución ha sido apelada) [4].

Según algunos entendidos, esas características podrían deberse a que la empresa productora del “pisco” Vargas podría estar adulterando su producción añadiendo agua, destilados de caña, cascaras de uva o uvas de mesa (no pisqueras) como se puede leer aquí. De ser el caso, esta situación resulta más grave de lo que parece porque una de las pocas cosas que nos distinguen como nación son justamente nuestros insumos y gastronomía. Con conductas como ésta, los peruanos nos hacemos autogol y laceramos uno de nuestros grandes intangibles.

Si bien difícilmente tendremos la suficiente pericia para determinar cuando estamos frente a un verdadero pisco y cuando no, creemos que nuestro curtido paladar y garganta en muchos casos sí podría ser capaz de notar cuando un presunto pisco “no paaasaa”. Así, ante algún sabor extraño o una fuerte sensación alcohólica evidente, lo recomendable sería que como consumidores acudamos ante el Consejo Regulador, para que éste y sus catadores expertos analicen el producto y, de ser el caso, reporten al INDECOPI la situación. De esta forma, podríamos evitar que productores inescrupulosos malogren la fina experiencia que puede resultar de beber un buen ejemplar de nuestro destilado bandera. Ahora solo nos queda… ¡Un salud por todas esas infancias que se quebraron al conocer que Vargas no era pisco!


Alvaro Ocampo / Piero Arias, febrero de 2015

Referencias:

[1] CHÁVEZ PICASSO, Jorge. “¡Un tequila por el pisco! La protección comunitaria Andina de las denominaciones de origen”. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 6. 2011, p. 11.

[2] Artículo 201º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

[3] ARANA, Maria del Carmen. “Las denominaciones de origen: una metodología para su reconocimiento”. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual. 2005, p. 190.

[4] La empresa denunciada productora del pisco Vargas fue Agrícola Viña Vieja Viña Santa Isabel S.A.C. El Expediente fue el 561601-2014 y la Resolución N° 3021-2014/CSD-INDECOPI.

Memes realizados en imgflip bajo la excepción de parodia.

Esta entrada es parte del blog "Consumo No Rival" a cargo de Alvaro Ocampo y Piero Arias.


10/2/15

Fausto, Mefistófeles y las cláusulas abusivas [por Evelyn Chumacero]


Fausto es el protagonista de una leyenda alemana que sirvió de inspiración a numerosos artistas. Músicos y literatos se dejaron envolver por la historia de este personaje que, cansado e insatisfecho de la vida que llevaba, firmó con su propia sangre, un pacto con el diablo, Mefistófeles. De esta forma Fausto entregó su alma a cambio de disfrutar de los placeres que le ofrecía el mundo y lograr el conocimiento ilimitado.

Pero la historia de Fausto va más allá de la ficción. Cuentan que este hombre existió en realidad y su nombre habría sido Johann Georg Faust. Nacido en el año 1480 en la ciudad de Knittlingen, dedicó su vida a la ciencia en búsqueda de la sabiduría y murió producto de una explosión ocasionada por su juego con sustancias químicas. También se dice que era común verlo acompañado siempre de dos perros que, según creían, eran en realidad dos demonios.

Tal vez una de las obras más conocidas sobre este misterioso científico es la escrita por el alemán Johann Wolfgang von Goethe, publicada en dos partes, entre 1806 y 1832, obra que, a juicio de los entendidos, representa una parábola sobre temas como el conocimiento científico, la ciencia, la religión, el poder y el amor.

En la historia narrada por Goethe, Fausto, luego de firmar el pacto de sangre, se enamora de una bella joven llamada Margarita a quien logra seducir con la ayuda de Mefistófeles, pero el final de la muchacha es terrible. Acongojada por la pérdida de su madre, quien muere al ingerir una poción que le suministró para adormecerla y lograr pasa la noche con su amado, es testigo del asesinato de su hermano a manos del científico y el diablo. Desesperada ante esta situación, decide ahogar al hijo fruto de sus amoríos y es condenada por ello. Fausto intenta por todos los medios salvarla, pero sus esfuerzos son inútiles y Margarita muere en sus brazos.

La decisión tomada por Fausto de ofrecer su alma al demonio podría ser calificada como irracional, si tomamos en cuenta que los beneficios que obtuvo por dicho acuerdo no superaban en lo más mínimo el costo que, finalmente, debió asumir. Pese a ello, aceptó libremente el trato que muchos calificaríamos como abusivo.

En nuestros días, la legislación en materia de protección al consumidor asume la existencia de “consumidores Faustos”, que se ven sometidos frente a contratos que contienen cláusulas que no son ventajosas para ellos y que ocasionan perjuicio a sus intereses, calificándolas como abusivas.

Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, nos encontramos frente a una cláusula abusiva cuando, en los casos de contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se presentan estipulaciones no negociadas individualmente que colocan al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad, o tengan como consecuencia la anulación de alguno de los derechos que le son reconocidos [1].

Sobre el particular, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI ha señalado que la tipificación de estas cláusulas tiene por finalidad “corregir la asimetría informativa existente entre proveedores y consumidores, a través de la imposición de un estándar mínimo de calidad del contrato que mejore la situación que el mercado no puede corregir" [2].

A nuestro modo de ver, la finalidad que se persigue con la imposición de un estándar en las cláusulas de los contratos va más allá de una corrección de asimetría. En primer lugar, debemos llamar la atención sobre un punto conceptual a ser tomando en cuenta. La asimetría informativa entre consumidores y proveedores no debe ser objeto de corrección. Siempre existirá una diferencia entre el nivel de información con la que cuenta el consumidor respecto de aquella que posee el proveedor, por el nivel de especialización de este último en el bien o servicio comercializado. Por ello, la idea aquí no es corregir sino evitar que esta diferencia de información sea utilizada de forma maliciosa por el proveedor y perjudique al consumidor.

La existencia de cláusulas abusivas puede ser corregida, en cierta forma,  por el propio mercado si el consumidor asume con responsabilidad las consecuencias de cada uno de los contratos que celebra, logra comprender a cabalidad el contenido de los documentos que firma, se informa adecuadamente de la oferta y logra captar los beneficios y costos de cada una de sus transacciones ¿Un consumidor diligente aceptaría un contrato que lo perjudica o buscaría otro proveedor con una oferta más favorable? La respuesta es más que evidente.

Estoy segura que, en este punto, algunos dirán que, en el marco de una sociedad como la nuestra en la que existe una evidente desigualdad entre los ciudadanos y personas vulnerables como adultos mayores, analfabetos o personas con alguna discapacidad, existen incentivos para que algunos malos proveedores aprovechen dicha situación para obtener indebidamente ventajas económicas. Sin embargo, si analizamos la casuística, veremos que las denuncias presentadas por presuntas cláusulas abusivas no involucran a personas que merezcan una especial protección del Estado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o desigualdad.

Por otro lado, ¿qué ocurre cuando el consumidor, en ejercicio de su libre albedrío decide asumir esa desventaja como parte del precio que pagará por el bien o servicio que desea? Esta situación podría llevarnos a esbozar una hipótesis interesante para un análisis más profundo que evidenciaría que los consumidores, en su mayoría, no acostumbran a leer los contratos antes de firmarlos y que acuden ante la autoridad al encontrar alguna disposición con la que no se encuentran de acuerdo, aduciendo la existencia de una cláusula abusiva, pese a que en su momento tuvieron la oportunidad de rechazarla.

De esta manera, si bien estamos de acuerdo en que las cláusulas que perjudican al consumidor y que son incluidas de forma deliberada en los contratos elaborados por malos proveedores en su propio beneficio deben ser declaradas inválidas, consideramos que resultaría mucho más eficiente iniciar un trabajo de educación que proporcione herramientas suficientes al consumidor para que, al igual que Fausto, se encuentre en la capacidad de decidir, de manera libre, consciente y responsable, si está dispuesto a asumir los costos de las transacciones que realiza. Nadie mejor que el propio consumidor conoce cuáles son sus necesidades y deseos pero sobre todo, cuanto también puede estar dispuesto a perder por lograr su satisfacción.

Evelyn Chumacero, febrero de 2015

Referencias:

[1] LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
49.1. En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.

[2] Resolución N° 078-2008/SC2-INDECOPI del 11 de enero de 2012, emitida en el marco del procedimiento seguido por Baldo Kresalja Rosello contra Foto Digital S.A.


Fotografía del post tomada de aquí.

Esta entrada es parte del blog "Del consumo y otros demonios" a cargo de Evelyn Chumacero.


4/2/15

[Actualidad Económica] Las cooperativas de ahorro y crédito en la mira


* Por Carlos Viguria, para la sección Actualidad Económica de Perú Consume.

A partir de las investigaciones realizadas a dos cooperativas, se ha logrado advertir un vacío en la supervisión de las Cooperativas de ahorro y crédito (CAC) que funcionan en el país. Una de estas investigaciones está vinculada a la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana la cual permitió conocer las gestiones realizadas por la Cooperativa de ahorro y crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX) que fue fundada por el mismo Orellana y que actualmente es sindicada como una “empresa de fachada” para el lavado de activos según lo informado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo se acusa a esta cooperativa ser utilizada para la comisión de otros actos ilícitos tales como estafa, falsa declaración en procedimiento administrativo y asociación ilícita para delinquir. Los cuestionables manejos de esta cooperativa ya habían sido advertidos por la UIF pero nada pudieron hacer al no existir documentación pues “esta se había perdido”.

Otra investigación también importante sobre cooperativas fue revelada en junio por la Revista Poder, la cual denunció malos manejos administrativos y financieros en la Cooperativa de ahorro y crédito Parroquia San Lorenzo los que podrían llevarla a la quiebra. Asimismo se reveló que también era utilizada para el lavado de activos y vincula a sus principales funcionarios con organizaciones criminales.

Estas noticias han contribuido a que se haya generado un debate respecto a la adecuada supervisión que deben tener las CAC en el Perú y las competencias que deben ejercer las dos instituciones encargadas de la supervisión de estas instituciones. Actualmente la supervisión de las cooperativas se encuentra a cargo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) mientras que la función reguladora está a cargo de la SBS.

El sistema actual presenta diversos problemas, entre ellos la falta de supervisión a todas las CAC que operan en el país. En efecto, el número de CAC actualmente supera las 330 y tan solo 90 de ellas se encuentran bajo supervisión de la FENACREP. Es decir, existen 240 que no cuentan con ninguna supervisión. Empero, el número total de cooperativas sería menor según el Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito publicado por FENACREP. De acuerdo a esta nist acson 164 cooperativas en total de las que 81 están afiliadas a FENACREP (pero cabe resaltar que no todas son supervisadas por ella). 83 de estas cooperativas no están afiliadas a FENACREP.

Otro tema importante que ha sido señalado por la SBS es la falta de protección a los socios ahorristas de una CAC pues sus ahorros no cuentan con un fondo de protección similar al Fondo de Seguros de Depósitos de las entidades supervisadas por la SBS. Cabe agregar que estos ahorros se encuentran expuestos a los mismos riesgos que las entidades financieras que captan el ahorro del público, por lo que requieren contar con medidas de seguridad como lo es un fondo de seguro de depósito que protegen sus ahorros en caso de quiebra de la cooperativa.

Actualmente existe un Dictamen del Congreso de la República que aprueba dos proyectos de ley que permitirá a la SBS poder supervisar a las CAC. A través de estos proyectos se establecerá un modelo de supervisión mixto y auxiliar de las CAC. Bajo este sistema, la SBS ejercerá las funciones de regulación, sanción e intervención con el apoyo de FENACREP para la realización de determinadas labores de control e inspección.

Los proyectos de ley buscan modificar la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Dentro de las principales modificaciones se encuentran las siguientes:

1. Precisión de las características de las CAC, por lo que solo podrán captar depósitos de sus socios cooperativistas y no autorizándoles a captar dinero del público.

2. La supervisión y regulación de las CAC estaría cargo de la SBS, la que podrá realizar la labor de supervisión directamente o a través de la FENACREP u otros organismos de grado superior.

3. La SBS estará facultada para emitir la regulación que considere pertinente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 26702. La SBS dictará normas de control y gestión, límites y prohibiciones, condiciones para la distribución de excedentes o remanentes, niveles de reservas y otros aspectos del régimen económico; establecerá y regulará sus operaciones, dictará normas y establecerá medidas prudenciales, preventivas y correctivas; establecerá la composición y computo del patrimonio efectivo; límites operativos; transparencia de la información; normas de constitución e inicio de operaciones, estatuto de las CAC, idoneidad, contabilización, régimen de sanciones, de intervención y disolución y demás aspectos necesarios para el funcionamiento solvente y sólido de dichas cooperativas y para su total supervisión, incluyendo la facultad de determinar las cuotas de supervisión a la SBS.

4. Aplicación de disposición sobre protección del ahorro y garantías, secreto bancario y centrales de riesgo conforme a su naturaleza y según las normas que dicte la SBS.

5. Vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera por lo que deberán cumplir con las normas legales vigentes sobre prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

6. Creación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo exclusivo para las CAC que capten ahorros de sus socios.

7. Creación del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a cargo de la SBS.

Pese a que el Dictamen fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso en septiembre de 2013, aún se encuentra pendiente de debate en el pleno del Congreso. Mientras ello continúa en pausa, continúan apareciendo noticias en los medios de comunicación en donde informan que existen CAC que están captando depósitos de CTS sin contar con los parámetros establecidos por la SBS en la Resolución SBS Nº 12321-2010. Asimismo, Daniel Schydlowsky, superintendente de la SBS, ha manifestado su preocupación sobre el riesgo asociado de la creación de CAC para el lavado de dinero, por lo que llevaría a ser un gran problema para el sistema financiero peruano.

En ese orden de ideas, la modificación de la Ley Nº 26702 debe ser discutida por el Congreso a la brevedad pues la regulación y adecuada supervisión de las CAC merece toda la atención respectiva puesto que son entidades microfinancieras de importancia. De acuerdo a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), las cooperativas participan con el 26.4% de los créditos y 27.28% de los depósitos a nivel mercado microfinanciero. De acuerdo a René Manrique, presidente de la CONFENACOOP, este sector se ha convertido en un poderoso vehículo de inclusión financiera de emprendedores y consumidores que permite integrar a más de dos millones de consumidores, de los cuales 699 mil son mujeres. En ese sentido, promover una mejor supervisión de estas entidades microfinancieras permitiría la continuidad de estas entidades que promueven la inclusión financiera y asimismo lograría combatir adecuadamente el lavado de activos y la comisión de otros delitos.

Imagen del post tomada de aquí.

13/11/14

[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Sistema de Relaciones con el Consumidor




El Sistema de Relaciones con el Consumidor (SRC), es una iniciativa de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) que busca mejorar la comunicación con sus clientes, brindando información de sus productos y servicios a través de mensajes simples, lo que les permitirá tomar mejores decisiones de consumo.

A través de mecanismos de autorregulación gremial, el SRC propone a sus adherentes lineamientos de mejora a los problemas más reclamados por los consumidores, los cuales pueden ser sancionados en caso de incumplimiento. 





Hablemos más simple

En el 2012, el SRC inició la campaña denominada “Hablemos más simple”, con la finalidad de promover de manera didáctica términos y conceptos financieros. De ésta manera se empezaron a difundir los conceptos Tasa de Interés de Costo Efectivo Anual (TCEA) y la Tasa de Interés de Rendimiento Efectivo Anual (TREA), y se incorporaron en las piezas publicitarias de prensa escrita la ‘‘Franja de Compromiso’’, que incluyen además de las tasas de interés de forma destacada, las características del producto que se oferta.






Sello de Compromiso

El ‘‘Sello de Compromiso’’ es un distintivo que identifica a las empresas adherentes al SRC que respaldan la campaña ‘‘Hablemos más simple’’, la misma que puede ser utilizada no sólo en medios publicitarios, sino en las diversas plataformas de atención al usuario, como páginas web y agencias de atención.






No hagas tanta Luz

A raíz de la campaña ‘‘Hablemos más simple’’ y con el slogan ‘‘No hagas tanta luz’,’ el SRC promueve la difusión de medios de pago alternativos, tales como el uso de cheques de gerencia, tarjetas de débito o el uso de transferencias bancarias, a fin de realizar transacciones monetarias de forma rápida y segura, con la finalidad de reducir el riesgo de trasladar dinero en efectivo y por importes elevados.

La originalidad y el mensaje de la campaña fueron premiados por el INDECOPI en el concurso ‘‘Primero los Clientes’’ en tanto, la campaña no se gesta para cumplir un mandato normativo, sino para mejorar permanentemente los mecanismos de información a los clientes.





* La sección "Iniciativas gremiales y ciudadanas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jakelyn Chacaltana y Enrique Ochoa.

12/11/14

[Jurisprudencia] Responsabilidad del proveedor en casos de subcontratación


El 9 de junio de 2011, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Indecopi (hoy Sala Especializada en Protección al Consumidor) emitió la Resolución N° 1454-2011/SC2-INDECOPI, mediante la cual delimitó la responsabilidad de los proveedores que brindan servicios a los consumidores a través de terceros.

Este pronunciamiento fue emitido en el marco de un procedimiento iniciado contra el Instituto Nefrológico Peruano Americano S.A.C. (en adelante, la Clínica) debido a que no cumplió con trasladar al esposo de la denunciante a un centro especializado para que atiendan la hemorragia endocraneal que presentó mientras se le brindaba un servicio de hemodiálisis en su condición de paciente de Essalud.

Al respecto, la Clínica alegó que había cumplido con llamar oportuna y reiteradamente a Clave 5, empresa con quien contrató el servicio de ambulancia para trasladar a sus pacientes y que no cumplió con llegar dentro de los veinte minutos acordados, lo que trajo como consecuencia que optara por solicitar el auxilio de los bomberos.

La Comisión de Protección al Consumidor declaró fundada la denuncia al considerar que el traslado del esposo de la denunciante era responsabilidad de la Clínica pues era irrelevante que esta subcontratara el servicio de ambulancia con Clave 5 o que esta última haya incumplido sus obligaciones. Este pronunciamiento fue apelado por la Clínica, argumentando principalmente que cumplió con efectuar las llamadas correspondientes a fin de trasladar al esposo de la denunciante a otro centro de salud.

Respecto a ello, la Sala consideró que correspondía definir la responsabilidad de la Clínica en vista de que había sido subcontratada por Essalud para brindar servicios de hemodiálisis a sus pacientes y, teniendo en cuenta además que su defensa se había sustentado en que la empresa que subcontrató, a su vez, (Clave 5) era la responsable por la falta del traslado oportuno.

Las reglas que estableció la Sala para analizar este tipo de casos fueron las siguientes:

- Se debe establecer cuál es el servicio denunciado y cómo opera la subcontratación respecto de su prestación, es decir, si involucra un nivel de subordinación o no, o si la subcontratación aborda prestaciones accesorias o sustantivas.

- Cuando el operador subcontratado también es un proveedor habitual en el mercado para el servicio que se denuncia, es manifiesta su identificación como tal ante el consumidor y las prestaciones encargadas se realizan bajo sus propios parámetros (sin que medie una relación de subordinación o dependencia), el operador subcontratado también es pasible de sanción, independientemente del proveedor originario o directamente contratado por el consumidor.[1]

- La responsabilidad vicaria para eximir de responsabilidad al prestador directo del servicio es aplicable en casos en los que las empresas subcontratadas operen en forma subordinada y se presenten así ante el consumidor.[2]

En tal sentido, la Sala señaló que dicho análisis resulta relevante para determinar si corresponde incluir a la empresa subcontratada en el procedimiento, además del proveedor directamente contratado, sin que signifique que la subcontratación o tercerización de servicios operen como causales de eximentes de responsabilidad.

En el caso expuesto, se determinó que la Clínica era responsable por los servicios de hemodiálisis brindados al esposo de la denunciante, siendo indistinto que la Clínica formara parte de un programa de atención ambulatoria de Essalud pues su condición de proveedor se sustentaba en condiciones o atributos propios: su posición como proveedor en el mercado, la actuación bajo sus propios parámetros y el reconocimiento del consumidor ante tal situación. Asimismo, se concluyó que la relación entre la Clínica y Clave 5 se basaba en una operación de soporte (servicio de ambulancia ante las eventualidades que se pudieran presentar en el marco de la prestación de servicio de hemodiálisis), lo que no constituye un eximente de responsabilidad para la Clínica pues solo fue relevante para determinar si, adicionalmente, la empresa subcontratada debió ser encausada como co-denunciada en el procedimiento, lo que no sucedió en el caso en concreto.

El pronunciamiento emitido por el Indecopi con relación a las responsabilidades que tendrá el proveedor que presta directamente el servicio, así como las empresas de las que se vale para operar en el mercado, resulta no solo importante para determinar quién deberá asumir frente al consumidor las consecuencias por una falta de idoneidad en el servicio prestado o en el producto adquirido, sino que, a su vez, informa a los proveedores subcontratados la necesidad de internalizar las responsabilidades que conllevan sus propias acciones frente a los consumidores.

En efecto, la finalidad que tiene establecer este tipo de reglas es evitar que el proveedor originario traslade la responsabilidad al subcontratado por la sola existencia de dicha relación contractual pues podría anular en la práctica cualquier acción de responsabilidad que ejerza el consumidor afectado, generando incentivos perversos para los proveedores a fin de evadir su responsabilidad.

Finalmente, cabe señalar que pese a que la Sala consideró que el análisis expuesto tenía como finalidad determinar si correspondía incluir en el procedimiento, además del proveedor directamente contratado, a la empresa subcontratada, en el presente caso no se evaluó la responsabilidad de Essalud (como proveedor originario) frente al servicio brindado por la Clínica a sus afiliados.

Aquí puedes acceder a las resoluciones de primera y segunda instancia de este caso en los siguientes enlaces:




Referencias:

[1] El ejemplo al que se recurre es si un consumidor contrata el servicio de transporte aéreo de la empresa A y ésta subcontrata con la empresa B (que compite en el mismo mercado), será oponible también a B el retraso o pérdida del equipaje por ser el operador del servicio, siempre que este haya sido prestado de acuerdo a sus propios parámetros.

[2] En este caso, se pone como ejemplo el que un consumidor se lastime en un supermercado debido a que el piso se encontraba sucio. Si el supermercado contrató una empresa que realizara el servicio de limpieza, ello no le sería oponible al consumidor pues la higiene y seguridad son condiciones de operatividad o soporte del servicio de venta de productos, es decir, el consumidor no está contratado un servicio de limpieza que justifique encauzar a la empresa subcontratada como prestador del servicio.


Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Jurisprudencia" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jhosseline Espinoza y Walter Alvarez.

11/11/14

"Uy si, uy si" un post sobre memes y propiedad intelectual (parte II) [por Álvaro Ocampo y Piero Arias]



Ya hemos dicho que los memes pueden estar sujetos a la protección legal de los derechos de autor siempre que estos cumplan con el requisito de originalidad, y aunque no concordemos del todo con su regulación, el tema no queda ahí, pues los memes también son susceptibles de ser registrados como marcas.


El registro de un meme no resulta extraño pues muchos de ellos son usados para lo que se conoce como memejacking o marketing con memes. Pero ¿por qué resulta tan beneficioso usarlos como marca?, quizás por la misma razón que se usan en publicidad: porque son (o se vuelven) virales, son divertidos, fáciles de compartir, generan tráfico, likes, comentarios y son rápidos de crear.



En nuestro país para que una marca pueda ser registrada tiene que cumplir con los requisitos exigidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Así, el signo debe poder distinguir productos o servicios en el mercado y no encontrarse dentro de alguna prohibición absoluta o relativa contenida en la referida norma.


En esa línea, creemos que los memes pueden individualizar en el tráfico económico los productos y/o servicios que distinguen, lo que en cristiano significa que cuando veas un café como este sabrás que el producto está marcado con el famoso meme Grumpy Cat y lo podrás distinguir en el mercado del café de Starbucks.

Ahora bien, dentro de las principales prohibiciones absolutas que le serían aplicables a los memes podríamos decir que difícilmente estas imágenes o combinación de letras e imágenes constituirán denominaciones genéricas o engañosas. Recordemos que una denominación es genérica cuando por medio de ella se designa comúnmente a los productos o servicios para los cuales ha de usarse o se trata del nombre genérico o técnico del producto o servicio (ejemplo: chocolates para chocolates).

En efecto, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en inglés) registró las marcas denominativas KEYBOARD CAT [1], NYAN CAT [2] y recientemente se ha solicitado la denominación DOGE [3], sobre las primeras se registró el nombre con el que se le denomina a los memes sin problema; sin embargo, frente a esta última solicitud algunos se han opuesto al registro de este signo señalando que la denominación era irregistable por ser genérica (por ser el nombre de este meme tan viral), no obstante, al final la USPTO determinó que la misma no se encontraba en este supuesto porque claramente no designa al producto mismo.


Por su parte, al analizar la prohibición sobre denominaciones descriptivas el signo no deberá reproducir una característica, información o cualidad del producto o servicio que identifica (por ejemplo: “Algodón” para prendas de vestir).

Sobre el particular, la USPTO denegó el registro de la imagen de Grumpy Cat para materiales digitales, aplicaciones para celulares, videos, poster, tarjetas y calendarios; así como para servicios de entretenimiento proporcionados por un sitio web. Debido a que consideró la imagen del gato como una simple ilustración de las mercancías o una parte que es característica importante del servicio o producto.

Otro aspecto importante para el análisis es la prohibición relacionada a los signos “contrarios a la ley, a la moral, al orden público o las buenas costumbres”, este punto sí resulta preocupante por su arbitrariedad; precisamente, hace algunos años se denegó en Primera Instancia de manera muy controvertida el registro del pezweon, cuya denegatoria fue correctamente enmendada por la Sala de Propiedad Intelectual.

Si bien en este último caso ya tenemos el antecedente sentado por la Sala de Propiedad Intelectual, consideramos que el problema parte de la prohibición, en la medida que al ser los contenidos inmorales u ofensivos subjetivos, la mejor manera de sancionarlos es a través del consumo, por lo que resulta más eficiente que si la gran mayoría de personas considera ofensivo el signo no adquiera el producto o servicio. Como quiera que sea la cosa igual este puede ser un gran impedimento para el registro de un meme.

Pero, esperen un poco, aún si nuestro meme supera las prohibiciones previas tiene que superar todavía las prohibiciones relativas o relacionadas a signos distintivos o derechos de terceros. Aquí adelantamos que el principal problema son los Derechos de Autor pero dejemos que el INDECOPI nos ilustre con dos de sus Resoluciones…



En la primera Resolución, el INDECOPI permitió el registro de la siguiente marca para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería [4]. Como vemos, dicha marca incluye muchos de los rage comics ya mencionados y la verdad que dudamos que el solicitante del registro de esta marca haya sido el verdadero titular de los memes, no obstante, aquí no se dijo nada.




Poco tiempo después la Autoridad cambió de parecido y denegó una solicitud de marca [5], al considerar que ésta infringía los derechos de autor de terceros. La argumentación del INDECOPI señala que las imágenes de memes que conformaban el signo (también presentes en la marca anterior), poseían un grado de originalidad que las hacía protegibles, y por tanto, en la medida que no se contara con la autorización expresa de los autores, dicho signo era irregistable como marca [6]. Esto quizás suena un tanto bipolar y ya sabemos, seguro te debes estar preguntando:



En efecto, frente a este último criterio encontraríamos el mayor problema, pues cuando se trate de memes que circulan por la red, estos probablemente no puedan ser registrados si no se cuenta con la autorización del autor. De lo contrario, el único camino que nos queda sería que el meme a registrar sea de nuestra autoría.




Para finalizar, queremos dejar el siguiente mensaje: tengan cuidado al darle a los memes un uso comercial o intentar apropiarse indebidamente de ellos, puede no ser bueno para éstos ni para ustedes, si los denuncian. Los memes son libres y divertidos, no hay necesidad de hacerlos exclusivos, los incentivos para su creación no dependen de mayor regulación y su mundo debe mantenerse así, sin empresas y sin abogados.



Alvaro Ocampo / Piero Arias, noviembre de 2014


Referencias:

[1] Números de Registro 4417059 y 85709363. Información disponible en: 

[2] Número de Registro 4376980. Información disponible en: 

[3] Solicitud Nº 86217547.

[4] La marca fue registrada mediante Certificado Nº 195940.

[5] Tramitada bajo el Expediente Nº 505825-2012.

[6] Ver Resolución Nº 8550-2013/DSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.

Esta entrada es parte del blog "Consumo No Rival" a cargo de Álvaro Ocampo y Piero Arias.


10/11/14

[Normas] Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, TUO del Reglamento Nacional del SOAT


La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, dispuso en el artículo 30º la obligación que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (en delante, SOAT). Ello, con la finalidad de brindar cobertura a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente.

En el marco de protección de las víctimas de un accidente de tránsito se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 049-2000-MTC, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante, Reglamento de Accidentes de Tránsito), el cual contiene las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil de los conductores, propietarios y prestadores de servicios de transporte en accidentes de tránsito, fijando el régimen y características del seguro obligatorio, señalando las coberturas y montos mínimos asegurados.

A efectos de facilitar la operatividad del Reglamento de Accidentes de Tránsito fue necesario reunir su articulado en un Texto Único Ordenado, motivo por el cual mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC el 13 de junio de 2002, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante, Reglamento del SOAT).

El Reglamento del SOAT establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito terrestre; así como, el régimen y características del seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por accidentes de tránsito y rige en todo el territorio de la República.

El mencionado Reglamento ha establecido que el SOAT es de carácter obligatorio y traslada dicha obligación al propietario del vehículo, señalando además que la contratación del SOAT debe ser efectuada con las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El pago de las indemnizaciones y reembolsos por gastos médicos o sepelio, otorgados bajo la cobertura del SOAT, deben ser efectuados de manera inmediata, pues tanto las indemnizaciones como los reembolsos se realizan sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte y lesiones que se originó a la víctima.

El SOAT actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, estableciendo determinados montos de cobertura:
* Muerte c/u: Cuatro (4) UIT
* Invalidez permanente c/u hasta: Cuatro (4) UIT
* Incapacidad temporal c/u hasta: Una (1) UIT
* Gastos médicos c/u hasta: Cinco (5) UIT
* Gastos de sepelio c/u hasta: Una (1) UIT

De lo mencionado es preciso indicar que el Reglamento del SOAT en su artículo 33º ha establecido determinados procedimientos y requisitos a efectos de que los beneficiarios o víctimas puedan solicitar la cobertura a las compañías de seguros; así como un plazo de diez (10) días para que las aseguradoras puedan otorgar el pago de las indemnizaciones. 

En concordancia con lo señalado en el párrafo que precede, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 34º, referido al orden de prelación de beneficiarios, pues solamente siguiendo el orden establecido se otorgará las indemnizaciones por fallecimiento.

Finalmente, resulta necesario indicar que el Reglamento del SOAT también ha previsto en su artículo 40º que el incumplimiento de las obligaciones que corresponden a la compañía de seguros derivadas del SOAT, tales como la negativa de pagar las indemnizaciones por fallecimiento, reembolso de gastos médicos y de sepelio, la no atención de las solicitudes en el plazo establecido por el reglamento, entre otros, serán sancionadas por el Indecopi y por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, a elección del interesado, podrán formularse quejas ante la Defensoría del Asegurado, teniendo los pronunciamientos de esta entidad carácter vinculante para las compañías de seguro.


Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Normas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Evelyn Chumacero, Cecilia Kahn y Yosely Osorio.

6/11/14

[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Dinero Electrónico, Modelo Perú


El dinero electrónico es el mecanismo que permitirá a sus usuarios hacer transferencias y pagos mediante mensajes de texto a través del celular (denominada billetera móvil), DNI con chip y tarjetas prepago.

En el Perú, la Ley de Dinero Electrónico ha sido promulgada mediante Ley N° 29985, del 17 de enero de 2013, y fue reglamentada a través del Decreto Supremo N° 090-2013-MEF del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera.

Para ello, la norma ha establecido que para la emisión de dinero electrónico, éste deberá estar asociado a una cuenta de dinero electrónico que a su vez deberá estar vinculado a un titular debidamente identificado, de conformidad a lo establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) podrán contratar a terceros para canalizar las operaciones, manteniendo de este modo la responsabilidad por la realización de las mismas.

El reglamento señala que las cuentas de dinero electrónico solo pueden ser abiertas por personas naturales nacionales o extranjeras y que su límite máximo es de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por transacción.

En este contexto, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) ha iniciado el proyecto de dinero electrónico denominado “Modelo Perú”, con la finalidad de incluir a más de 2.1 millones de peruanos en los beneficios del sistema financiero en un plazo de cinco años. Dicho proyecto estará a cargo de la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli, quien asumirá la gerencia del proyecto de Dinero Electrónico.

En una primera etapa se podrán pagar el agua, la luz, el teléfono, hacer transferencias entre personas, recargar su celular y pagar tributos en el régimen simplificado. En una segunda etapa se podrá hacer compras en todo tipo de establecimientos, hacer giros, pagar créditos, hacer remesas y otros.

El presidente de la Asbanc, Oscar Rivera, señaló que este proyecto significa la apuesta más importante de la banca peruana para incluir a millones de peruanos a los beneficios del sistema financiero, a través del uso de los celulares. Los bancos hemos tomado la decisión de comprometernos activamente en promover el salto a la inclusión financiera pues queremos que más peruanos participen de los beneficios del sistema formal, con transacciones fáciles, seguras y con acceso a créditos, aprovechando la alta penetración de los celulares”, puntualizó.

De otro lado, el presidente de la SBS, Daniel Schydlowsky, aseguró que el plan de desarrollo del dinero electrónico, “Modelo Perú”, tendrá un costo inferior a una llamada telefónica; es decir, menor a S/.0,50 por transacción. Sin embargo, aún no se conoce si estas transacciones estarán sujetas al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

El “Modelo Perú” es una iniciativa a cinco años, iniciando su fase pre operativa en 2014, se tendrán pruebas pilotos durante el primer semestre de 2015 y el inicio de operaciones comerciales será en la mitad del 2015, para lo cual Asbanc ha elegido a la compañía Ericsson.

De este modo, el dinero electrónico busca beneficiar sobre todo a aquellas personas que no se encuentran cerca a una agencia bancaria para que puedan hacer sus operaciones desde sus teléfonos móviles.


Imagen del post, tomada de aquí.

* La sección "Iniciativas gremiales y ciudadanas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jakelyn Chacaltana y Enrique Ochoa.