[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Sistema de Relaciones con el Consumidor




El Sistema de Relaciones con el Consumidor (SRC), es una iniciativa de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) que busca mejorar la comunicación con sus clientes, brindando información de sus productos y servicios a través de mensajes simples, lo que les permitirá tomar mejores decisiones de consumo.

A través de mecanismos de autorregulación gremial, el SRC propone a sus adherentes lineamientos de mejora a los problemas más reclamados por los consumidores, los cuales pueden ser sancionados en caso de incumplimiento. 





Hablemos más simple

En el 2012, el SRC inició la campaña denominada “Hablemos más simple”, con la finalidad de promover de manera didáctica términos y conceptos financieros. De ésta manera se empezaron a difundir los conceptos Tasa de Interés de Costo Efectivo Anual (TCEA) y la Tasa de Interés de Rendimiento Efectivo Anual (TREA), y se incorporaron en las piezas publicitarias de prensa escrita la ‘‘Franja de Compromiso’’, que incluyen además de las tasas de interés de forma destacada, las características del producto que se oferta.






Sello de Compromiso

El ‘‘Sello de Compromiso’’ es un distintivo que identifica a las empresas adherentes al SRC que respaldan la campaña ‘‘Hablemos más simple’’, la misma que puede ser utilizada no sólo en medios publicitarios, sino en las diversas plataformas de atención al usuario, como páginas web y agencias de atención.






No hagas tanta Luz

A raíz de la campaña ‘‘Hablemos más simple’’ y con el slogan ‘‘No hagas tanta luz’,’ el SRC promueve la difusión de medios de pago alternativos, tales como el uso de cheques de gerencia, tarjetas de débito o el uso de transferencias bancarias, a fin de realizar transacciones monetarias de forma rápida y segura, con la finalidad de reducir el riesgo de trasladar dinero en efectivo y por importes elevados.

La originalidad y el mensaje de la campaña fueron premiados por el INDECOPI en el concurso ‘‘Primero los Clientes’’ en tanto, la campaña no se gesta para cumplir un mandato normativo, sino para mejorar permanentemente los mecanismos de información a los clientes.





* La sección "Iniciativas gremiales y ciudadanas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jakelyn Chacaltana y Enrique Ochoa.

[Jurisprudencia] Responsabilidad del proveedor en casos de subcontratación


El 9 de junio de 2011, la Sala de Defensa de la Competencia N° 2 del Indecopi (hoy Sala Especializada en Protección al Consumidor) emitió la Resolución N° 1454-2011/SC2-INDECOPI, mediante la cual delimitó la responsabilidad de los proveedores que brindan servicios a los consumidores a través de terceros.

Este pronunciamiento fue emitido en el marco de un procedimiento iniciado contra el Instituto Nefrológico Peruano Americano S.A.C. (en adelante, la Clínica) debido a que no cumplió con trasladar al esposo de la denunciante a un centro especializado para que atiendan la hemorragia endocraneal que presentó mientras se le brindaba un servicio de hemodiálisis en su condición de paciente de Essalud.

Al respecto, la Clínica alegó que había cumplido con llamar oportuna y reiteradamente a Clave 5, empresa con quien contrató el servicio de ambulancia para trasladar a sus pacientes y que no cumplió con llegar dentro de los veinte minutos acordados, lo que trajo como consecuencia que optara por solicitar el auxilio de los bomberos.

La Comisión de Protección al Consumidor declaró fundada la denuncia al considerar que el traslado del esposo de la denunciante era responsabilidad de la Clínica pues era irrelevante que esta subcontratara el servicio de ambulancia con Clave 5 o que esta última haya incumplido sus obligaciones. Este pronunciamiento fue apelado por la Clínica, argumentando principalmente que cumplió con efectuar las llamadas correspondientes a fin de trasladar al esposo de la denunciante a otro centro de salud.

Respecto a ello, la Sala consideró que correspondía definir la responsabilidad de la Clínica en vista de que había sido subcontratada por Essalud para brindar servicios de hemodiálisis a sus pacientes y, teniendo en cuenta además que su defensa se había sustentado en que la empresa que subcontrató, a su vez, (Clave 5) era la responsable por la falta del traslado oportuno.

Las reglas que estableció la Sala para analizar este tipo de casos fueron las siguientes:

- Se debe establecer cuál es el servicio denunciado y cómo opera la subcontratación respecto de su prestación, es decir, si involucra un nivel de subordinación o no, o si la subcontratación aborda prestaciones accesorias o sustantivas.

- Cuando el operador subcontratado también es un proveedor habitual en el mercado para el servicio que se denuncia, es manifiesta su identificación como tal ante el consumidor y las prestaciones encargadas se realizan bajo sus propios parámetros (sin que medie una relación de subordinación o dependencia), el operador subcontratado también es pasible de sanción, independientemente del proveedor originario o directamente contratado por el consumidor.[1]

- La responsabilidad vicaria para eximir de responsabilidad al prestador directo del servicio es aplicable en casos en los que las empresas subcontratadas operen en forma subordinada y se presenten así ante el consumidor.[2]

En tal sentido, la Sala señaló que dicho análisis resulta relevante para determinar si corresponde incluir a la empresa subcontratada en el procedimiento, además del proveedor directamente contratado, sin que signifique que la subcontratación o tercerización de servicios operen como causales de eximentes de responsabilidad.

En el caso expuesto, se determinó que la Clínica era responsable por los servicios de hemodiálisis brindados al esposo de la denunciante, siendo indistinto que la Clínica formara parte de un programa de atención ambulatoria de Essalud pues su condición de proveedor se sustentaba en condiciones o atributos propios: su posición como proveedor en el mercado, la actuación bajo sus propios parámetros y el reconocimiento del consumidor ante tal situación. Asimismo, se concluyó que la relación entre la Clínica y Clave 5 se basaba en una operación de soporte (servicio de ambulancia ante las eventualidades que se pudieran presentar en el marco de la prestación de servicio de hemodiálisis), lo que no constituye un eximente de responsabilidad para la Clínica pues solo fue relevante para determinar si, adicionalmente, la empresa subcontratada debió ser encausada como co-denunciada en el procedimiento, lo que no sucedió en el caso en concreto.

El pronunciamiento emitido por el Indecopi con relación a las responsabilidades que tendrá el proveedor que presta directamente el servicio, así como las empresas de las que se vale para operar en el mercado, resulta no solo importante para determinar quién deberá asumir frente al consumidor las consecuencias por una falta de idoneidad en el servicio prestado o en el producto adquirido, sino que, a su vez, informa a los proveedores subcontratados la necesidad de internalizar las responsabilidades que conllevan sus propias acciones frente a los consumidores.

En efecto, la finalidad que tiene establecer este tipo de reglas es evitar que el proveedor originario traslade la responsabilidad al subcontratado por la sola existencia de dicha relación contractual pues podría anular en la práctica cualquier acción de responsabilidad que ejerza el consumidor afectado, generando incentivos perversos para los proveedores a fin de evadir su responsabilidad.

Finalmente, cabe señalar que pese a que la Sala consideró que el análisis expuesto tenía como finalidad determinar si correspondía incluir en el procedimiento, además del proveedor directamente contratado, a la empresa subcontratada, en el presente caso no se evaluó la responsabilidad de Essalud (como proveedor originario) frente al servicio brindado por la Clínica a sus afiliados.

Aquí puedes acceder a las resoluciones de primera y segunda instancia de este caso en los siguientes enlaces:




Referencias:

[1] El ejemplo al que se recurre es si un consumidor contrata el servicio de transporte aéreo de la empresa A y ésta subcontrata con la empresa B (que compite en el mismo mercado), será oponible también a B el retraso o pérdida del equipaje por ser el operador del servicio, siempre que este haya sido prestado de acuerdo a sus propios parámetros.

[2] En este caso, se pone como ejemplo el que un consumidor se lastime en un supermercado debido a que el piso se encontraba sucio. Si el supermercado contrató una empresa que realizara el servicio de limpieza, ello no le sería oponible al consumidor pues la higiene y seguridad son condiciones de operatividad o soporte del servicio de venta de productos, es decir, el consumidor no está contratado un servicio de limpieza que justifique encauzar a la empresa subcontratada como prestador del servicio.


Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Jurisprudencia" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jhosseline Espinoza y Walter Alvarez.

"Uy si, uy si" un post sobre memes y propiedad intelectual (parte II) [por Álvaro Ocampo y Piero Arias]



Ya hemos dicho que los memes pueden estar sujetos a la protección legal de los derechos de autor siempre que estos cumplan con el requisito de originalidad, y aunque no concordemos del todo con su regulación, el tema no queda ahí, pues los memes también son susceptibles de ser registrados como marcas.


El registro de un meme no resulta extraño pues muchos de ellos son usados para lo que se conoce como memejacking o marketing con memes. Pero ¿por qué resulta tan beneficioso usarlos como marca?, quizás por la misma razón que se usan en publicidad: porque son (o se vuelven) virales, son divertidos, fáciles de compartir, generan tráfico, likes, comentarios y son rápidos de crear.



En nuestro país para que una marca pueda ser registrada tiene que cumplir con los requisitos exigidos por la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Así, el signo debe poder distinguir productos o servicios en el mercado y no encontrarse dentro de alguna prohibición absoluta o relativa contenida en la referida norma.


En esa línea, creemos que los memes pueden individualizar en el tráfico económico los productos y/o servicios que distinguen, lo que en cristiano significa que cuando veas un café como este sabrás que el producto está marcado con el famoso meme Grumpy Cat y lo podrás distinguir en el mercado del café de Starbucks.

Ahora bien, dentro de las principales prohibiciones absolutas que le serían aplicables a los memes podríamos decir que difícilmente estas imágenes o combinación de letras e imágenes constituirán denominaciones genéricas o engañosas. Recordemos que una denominación es genérica cuando por medio de ella se designa comúnmente a los productos o servicios para los cuales ha de usarse o se trata del nombre genérico o técnico del producto o servicio (ejemplo: chocolates para chocolates).

En efecto, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (“USPTO” por sus siglas en inglés) registró las marcas denominativas KEYBOARD CAT [1], NYAN CAT [2] y recientemente se ha solicitado la denominación DOGE [3], sobre las primeras se registró el nombre con el que se le denomina a los memes sin problema; sin embargo, frente a esta última solicitud algunos se han opuesto al registro de este signo señalando que la denominación era irregistable por ser genérica (por ser el nombre de este meme tan viral), no obstante, al final la USPTO determinó que la misma no se encontraba en este supuesto porque claramente no designa al producto mismo.


Por su parte, al analizar la prohibición sobre denominaciones descriptivas el signo no deberá reproducir una característica, información o cualidad del producto o servicio que identifica (por ejemplo: “Algodón” para prendas de vestir).

Sobre el particular, la USPTO denegó el registro de la imagen de Grumpy Cat para materiales digitales, aplicaciones para celulares, videos, poster, tarjetas y calendarios; así como para servicios de entretenimiento proporcionados por un sitio web. Debido a que consideró la imagen del gato como una simple ilustración de las mercancías o una parte que es característica importante del servicio o producto.

Otro aspecto importante para el análisis es la prohibición relacionada a los signos “contrarios a la ley, a la moral, al orden público o las buenas costumbres”, este punto sí resulta preocupante por su arbitrariedad; precisamente, hace algunos años se denegó en Primera Instancia de manera muy controvertida el registro del pezweon, cuya denegatoria fue correctamente enmendada por la Sala de Propiedad Intelectual.

Si bien en este último caso ya tenemos el antecedente sentado por la Sala de Propiedad Intelectual, consideramos que el problema parte de la prohibición, en la medida que al ser los contenidos inmorales u ofensivos subjetivos, la mejor manera de sancionarlos es a través del consumo, por lo que resulta más eficiente que si la gran mayoría de personas considera ofensivo el signo no adquiera el producto o servicio. Como quiera que sea la cosa igual este puede ser un gran impedimento para el registro de un meme.

Pero, esperen un poco, aún si nuestro meme supera las prohibiciones previas tiene que superar todavía las prohibiciones relativas o relacionadas a signos distintivos o derechos de terceros. Aquí adelantamos que el principal problema son los Derechos de Autor pero dejemos que el INDECOPI nos ilustre con dos de sus Resoluciones…



En la primera Resolución, el INDECOPI permitió el registro de la siguiente marca para distinguir prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería [4]. Como vemos, dicha marca incluye muchos de los rage comics ya mencionados y la verdad que dudamos que el solicitante del registro de esta marca haya sido el verdadero titular de los memes, no obstante, aquí no se dijo nada.




Poco tiempo después la Autoridad cambió de parecido y denegó una solicitud de marca [5], al considerar que ésta infringía los derechos de autor de terceros. La argumentación del INDECOPI señala que las imágenes de memes que conformaban el signo (también presentes en la marca anterior), poseían un grado de originalidad que las hacía protegibles, y por tanto, en la medida que no se contara con la autorización expresa de los autores, dicho signo era irregistable como marca [6]. Esto quizás suena un tanto bipolar y ya sabemos, seguro te debes estar preguntando:



En efecto, frente a este último criterio encontraríamos el mayor problema, pues cuando se trate de memes que circulan por la red, estos probablemente no puedan ser registrados si no se cuenta con la autorización del autor. De lo contrario, el único camino que nos queda sería que el meme a registrar sea de nuestra autoría.




Para finalizar, queremos dejar el siguiente mensaje: tengan cuidado al darle a los memes un uso comercial o intentar apropiarse indebidamente de ellos, puede no ser bueno para éstos ni para ustedes, si los denuncian. Los memes son libres y divertidos, no hay necesidad de hacerlos exclusivos, los incentivos para su creación no dependen de mayor regulación y su mundo debe mantenerse así, sin empresas y sin abogados.



Alvaro Ocampo / Piero Arias, noviembre de 2014


Referencias:

[1] Números de Registro 4417059 y 85709363. Información disponible en: 

[2] Número de Registro 4376980. Información disponible en: 

[3] Solicitud Nº 86217547.

[4] La marca fue registrada mediante Certificado Nº 195940.

[5] Tramitada bajo el Expediente Nº 505825-2012.

[6] Ver Resolución Nº 8550-2013/DSD-INDECOPI de fecha 31 de mayo de 2013, emitida por la Dirección de Signos Distintivos.

Esta entrada es parte del blog "Consumo No Rival" a cargo de Álvaro Ocampo y Piero Arias.


[Normas] Decreto Supremo N° 024-2002-MTC, TUO del Reglamento Nacional del SOAT


La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley Nº 27181, dispuso en el artículo 30º la obligación que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (en delante, SOAT). Ello, con la finalidad de brindar cobertura a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes que sufran lesiones o muerte, como producto de un accidente.

En el marco de protección de las víctimas de un accidente de tránsito se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 049-2000-MTC, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante, Reglamento de Accidentes de Tránsito), el cual contiene las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil de los conductores, propietarios y prestadores de servicios de transporte en accidentes de tránsito, fijando el régimen y características del seguro obligatorio, señalando las coberturas y montos mínimos asegurados.

A efectos de facilitar la operatividad del Reglamento de Accidentes de Tránsito fue necesario reunir su articulado en un Texto Único Ordenado, motivo por el cual mediante Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC el 13 de junio de 2002, se aprobó el Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito (en adelante, Reglamento del SOAT).

El Reglamento del SOAT establece las disposiciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito terrestre; así como, el régimen y características del seguro obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) por accidentes de tránsito y rige en todo el territorio de la República.

El mencionado Reglamento ha establecido que el SOAT es de carácter obligatorio y traslada dicha obligación al propietario del vehículo, señalando además que la contratación del SOAT debe ser efectuada con las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

El pago de las indemnizaciones y reembolsos por gastos médicos o sepelio, otorgados bajo la cobertura del SOAT, deben ser efectuados de manera inmediata, pues tanto las indemnizaciones como los reembolsos se realizan sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna, bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte y lesiones que se originó a la víctima.

El SOAT actúa bajo la modalidad de un seguro de accidentes personales y cubre los riesgos de muerte y lesiones corporales que sufran las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de un vehículo automotor, estableciendo determinados montos de cobertura:
* Muerte c/u: Cuatro (4) UIT
* Invalidez permanente c/u hasta: Cuatro (4) UIT
* Incapacidad temporal c/u hasta: Una (1) UIT
* Gastos médicos c/u hasta: Cinco (5) UIT
* Gastos de sepelio c/u hasta: Una (1) UIT

De lo mencionado es preciso indicar que el Reglamento del SOAT en su artículo 33º ha establecido determinados procedimientos y requisitos a efectos de que los beneficiarios o víctimas puedan solicitar la cobertura a las compañías de seguros; así como un plazo de diez (10) días para que las aseguradoras puedan otorgar el pago de las indemnizaciones. 

En concordancia con lo señalado en el párrafo que precede, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 34º, referido al orden de prelación de beneficiarios, pues solamente siguiendo el orden establecido se otorgará las indemnizaciones por fallecimiento.

Finalmente, resulta necesario indicar que el Reglamento del SOAT también ha previsto en su artículo 40º que el incumplimiento de las obligaciones que corresponden a la compañía de seguros derivadas del SOAT, tales como la negativa de pagar las indemnizaciones por fallecimiento, reembolso de gastos médicos y de sepelio, la no atención de las solicitudes en el plazo establecido por el reglamento, entre otros, serán sancionadas por el Indecopi y por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en el ámbito de sus competencias. Asimismo, a elección del interesado, podrán formularse quejas ante la Defensoría del Asegurado, teniendo los pronunciamientos de esta entidad carácter vinculante para las compañías de seguro.

Para tener acceso al texto completo de la norma en PDF, puedes ingresar al siguiente enlace.

Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Normas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Evelyn Chumacero, Cecilia Kahn y Yosely Osorio.

[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Dinero Electrónico, Modelo Perú


El dinero electrónico es el mecanismo que permitirá a sus usuarios hacer transferencias y pagos mediante mensajes de texto a través del celular (denominada billetera móvil), DNI con chip y tarjetas prepago.

En el Perú, la Ley de Dinero Electrónico ha sido promulgada mediante Ley N° 29985, del 17 de enero de 2013, y fue reglamentada a través del Decreto Supremo N° 090-2013-MEF del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual regula las características básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera.

Para ello, la norma ha establecido que para la emisión de dinero electrónico, éste deberá estar asociado a una cuenta de dinero electrónico que a su vez deberá estar vinculado a un titular debidamente identificado, de conformidad a lo establecido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) podrán contratar a terceros para canalizar las operaciones, manteniendo de este modo la responsabilidad por la realización de las mismas.

El reglamento señala que las cuentas de dinero electrónico solo pueden ser abiertas por personas naturales nacionales o extranjeras y que su límite máximo es de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por transacción.

En este contexto, la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) ha iniciado el proyecto de dinero electrónico denominado “Modelo Perú”, con la finalidad de incluir a más de 2.1 millones de peruanos en los beneficios del sistema financiero en un plazo de cinco años. Dicho proyecto estará a cargo de la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Trivelli, quien asumirá la gerencia del proyecto de Dinero Electrónico.

En una primera etapa se podrán pagar el agua, la luz, el teléfono, hacer transferencias entre personas, recargar su celular y pagar tributos en el régimen simplificado. En una segunda etapa se podrá hacer compras en todo tipo de establecimientos, hacer giros, pagar créditos, hacer remesas y otros.

El presidente de la Asbanc, Oscar Rivera, señaló que este proyecto significa la apuesta más importante de la banca peruana para incluir a millones de peruanos a los beneficios del sistema financiero, a través del uso de los celulares. Los bancos hemos tomado la decisión de comprometernos activamente en promover el salto a la inclusión financiera pues queremos que más peruanos participen de los beneficios del sistema formal, con transacciones fáciles, seguras y con acceso a créditos, aprovechando la alta penetración de los celulares”, puntualizó.

De otro lado, el presidente de la SBS, Daniel Schydlowsky, aseguró que el plan de desarrollo del dinero electrónico, “Modelo Perú”, tendrá un costo inferior a una llamada telefónica; es decir, menor a S/.0,50 por transacción. Sin embargo, aún no se conoce si estas transacciones estarán sujetas al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

El “Modelo Perú” es una iniciativa a cinco años, iniciando su fase pre operativa en 2014, se tendrán pruebas pilotos durante el primer semestre de 2015 y el inicio de operaciones comerciales será en la mitad del 2015, para lo cual Asbanc ha elegido a la compañía Ericsson.

De este modo, el dinero electrónico busca beneficiar sobre todo a aquellas personas que no se encuentran cerca a una agencia bancaria para que puedan hacer sus operaciones desde sus teléfonos móviles.


Imagen del post, tomada de aquí.

* La sección "Iniciativas gremiales y ciudadanas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jakelyn Chacaltana y Enrique Ochoa.

[Actualidad Económica] Los retos de Alonso Segura como ministro de Economía y Finanzas


La renuncia de Luis Miguel Castilla al cargo de ministro de Economía y Finanzas el 14 de septiembre de este año tomó por sorpresa a más de uno, más aún si se considera que fue el único ministro que permaneció más tiempo en los seis cambios al Gabinete Ministerial del actual gobierno del presidente Ollanta Humala, siendo además reconocido por la revista Emerging Markets como el mejor ministro de Economía y Finanzas del 2012. Cabe recordar que durante esa misma semana de septiembre, Luis Miguel Castilla fue considerado el tercer hombre más poderoso del Perú según la revista Semana Económica. Pese a que la versión oficial del retiro de la cartera de Economía y Finanzas fue por temas personales, su alejamiento no deja de estar vinculado al escándalo del proyecto de ley Nº 3690-2014 (más conocido como “Ley Coca-Cola”) y la desaceleración económica que afronta el país.

Su reemplazo fue Alonso Segura, quien previamente ejerció el cargo de jefe de asesores del ministerio de Economía y Finanzas y conocido dentro del ministerio por hacer seguimiento a proyectos de asociaciones público privadas, identificar las trabas que enfrentaban y proponer sus soluciones. Segura es economista titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Economía en la Universidad de Pennsylvania en donde también obtuvo su doctorado. Asimismo, ha trabajado como gerente de estudios económicos en el Banco de Crédito del Perú y Scotiabank, fue consejero del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y presidente del comité especial de proyectos de inversión pública de ProInversión y Cofide. En vista a tan interesante hoja de vida, los retos que deberá afrontar no serán menores, por lo que a continuación, les presentamos una breve reseña de sus principales desafíos a cargo de la cartera de economía.

Bajo crecimiento económico en la región

A diferencia de años anteriores en donde el crecimiento de los países de nuestra región registró previsiones de 5% y 6%, se pronostica que para el 2014 éste será menor a 2%. Esto ha sido llamado como el fin del de la década de oro de las economías de América Latina. De manera específica, Brasil (considerada como la primera economía a nivel regional) ha entrado en recesión técnica y presenta su peor desempeño desde la crisis financiera internacional del año 2008 y 2009. En el caso de Venezuela, la economía se encuentra más endeudada y con una inflación cada vez mayor (en enero de este año, fue la más alta del mundo). Argentina se encuentra afectada por recesión económica, alta inflación y endeudamiento. A su vez, los países de la Alianza del Pacífico, integrados por Chile, Colombia, México y Perú, aún buscan lograr obtener un crecimiento económico de 3% para el 2014 y de 4% para el 2015.

Recuperación de la Economía

Ante los preocupantes resultados económicos en el país, el Banco Central de Reserva ha tomado medidas dentro de su competencia para contrarrestarlos. El 12 de setiembre pasado, el BCR redujo la tasa de referencia de 3.75% a 3.50%, medida que parecería estar enmarcada dentro de un pesimismo sobre la recuperación económica, la cual parecería no ser temporal y de lenta recuperación como fue inicialmente anunciado. Esto sería confirmado al tener en cuenta que las exportaciones no se recuperan (aún mantienen un déficit en la balanza comercial) ni tampoco la inversión privada y pública. Lo anterior coincidiría con lo declarado por el Bank of America Merrill Lynch, al considerar que estas medidas son señales de que el BCR está cada vez más preocupado de que la desaceleración pueda ser mucho más profunda de lo esperado. De acuerdo a Semana Económica, las medidas tomadas por el BCR tienen como fin estimular el crecimiento de la economía en el año 2015 por medio de reducciones anuales de encaje y tasas de interés, por lo que sus efectos recién se mostrarían a inicios del 2015.

Reactivación de las inversiones y proyectos mineros

Ante la pausa en la inversión pública y la baja en la inversión minera, el ex ministro Castilla promovió medidas de reactivación económica a través de la ley Nº 30230 con el fin de promover y dinamizar la inversión en el país. En lo referido a la actividad de construcción, se espera una mejora a través de proyectos de infraestructura que incluyen el inicio de la construcción de la segunda línea del Metro de Lima (valorizado en seis mil millones de dólares) y el Gasoducto Sur (valorizado en 4 mil millones de dólares).

En lo que se refiere a proyectos mineros, hubo una caída significativa en la producción minera de 3.9% en julio (la producción de cobre cayó 4.1% y la de oro 19%). Pese a que el gobierno tenía buenas expectativas sobre la mina Toromocho, operada por la China Aluminium Corporation (Minera Chinalco), de producir 120,000 toneladas de cobre este año, solo se ha logrado 31,000 toneladas debido a problemas técnicos inesperados. Otros proyectos mineros importantes son el liderado por la canadiense Hudbay (proyecto valorizado en 1,8 mil millones de dólares) que empezará la producción comercial a inicios del próximo año y Cerro Verde, mina operada por la estadounidense Freeport McMoRan la cual tiene un proyecto de expansión de 4 mil millones de dólares con la que de duplicará la producción en más de 300,000 toneladas en el 2016.

Estos importantes proyectos deben ser tomados con atención al igual que los resultados de las elecciones de autoridades municipales y regionales del pasado 5 de octubre, toda vez que podrían obstaculizar algunos proyectos especialmente en regiones en donde existen presidentes regionales virtualmente electos que se oponen a toda activad extractiva, por ejemplo, en Cajamarca, Apurimac y Puno. Cabe mencionar que estas tres regiones concentran 23,113 millones de dólares en inversión minera. The Economist considera que incluso en el caso de que la producción aumente y compense la caída de precios, resulta importante que el nuevo ministro diversifique la economía y que no dependa exclusivamente de estos bienes.

Además de los retos mencionados anteriormente, en una entrevista dada en abril a Semana Económica, el ministro Segura indicó que el gobierno tiene como prioridad promover la inversión en los sectores salud, educación y seguridad, lo cual incluiría la modalidad de inversión a través de asociaciones público privadas, la cual considera vital para mantener el crecimiento. Asimismo Segura liderará la implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva con el Ministerio de Producción, afrontar las consecuencias del fallido intento de aporte obligatorio de trabajadores independientesal Sistema Privado de Pensiones, el aumento de sueldos de empleados públicos, la huelga del sector Salud, entre otros temas.

Con miras a cumplir las expectativas de su desempeño, el nuevo ministro ha fijado como meta para el 2016 que el PBI crezca al 6%. Por ahora, es alentador que en julio la economía peruana creció en 1.16% con relación al mismo mes del año pasado, siendo mayor al resultado de 0.3% del mes de junio pasado. Además de ello y con miras a recuperar el crecimiento económico, el 1 de octubre luego de declarar ante la Comisión de Economía del Congreso, el ministro Segura manifestó que es altamente probable la aplicación de medidas de impulso fiscal en el corto plazo que permitan apuntalar la economía del país. Asimismo declaró la necesidad de trabajar en los pilares más problemáticos para hacer negocios que fueron identificados por el Foro Económico mundial: regulación laboral, tasas impositivas, infraestructura, burocracia gubernamental, ineficiencia, corrupción, entre otros. Todo estos esfuerzos permitirían al país acercarse al proceso con la Organización de Desarrollo Económico (OCDE), lo cual sería una “palanca para impulsar reformas de progreso y desarrollo”.

Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Actualidad Económica" en Perú Consume se encuentra a cargo de Carlos Viguria, Walter Alvarez y César Ordinola.

La cultura de consumo y la regulación del mercado [por Walter Alvarez]


"La humanidad tiene que establecer un final para la guerra. 
Si no, la guerra establecerá un final para la humanidad."
John F. Kennedy

La historia de la humanidad está plagada de confrontaciones de toda índole las cuales se han presentado bajo un motivo aparentemente válido -religión, política, economía, entre otras-. Las sociedades no han sido ajenas a esta realidad y a lo largo de su desarrollo fueron testigos de una serie de enfrentamientos que lamentablemente siempre han desembocado en un significativo retroceso en el camino hacia un mejor nivel de vida.

Una de las principales fuentes para el desarrollo humano es la economía, sobre de la cual se ha discutido ampliamente, resaltando como uno de sus puntos más controvertidos, la intervención estatal.

Este debate se viene sosteniendo desde hace décadas con constantes pugnas entre quienes aborrecen la intervención gubernamental y depositan ciegamente su confianza en el mercado y los agentes que interactúan, mientras otros hacen énfasis en la necesidad de regular el mercado a través de políticas y normas generales o específicas según la actividad.

Esta contienda teórica acerca de la intervención del Estado en la economía tiene un especial matiz cuando se trata la defensa de uno de sus agentes, quien es considerado por algunos como el “más indefenso”: el consumidor.

Como es evidente, desde que las legislaciones de los países comenzaron a incorporar disposiciones relativas a la defensa de los consumidores, no tardaron en aparecer críticos que rechazaban tal “protección”, éstos a su vez se vieron enfrentados a quienes saludaban este tipo de intervención y se autoproclamaban “defensores de los consumidores”.

Al igual que en otros aspectos sobre el desarrollo de la sociedad, la regulación sobre la protección al consumidor, ha tenido vaivenes que nos han hecho avanzar y retroceder en innumerables oportunidades, con claros periodos de evolución e involución. Inclusive, el desarrollo de teorías, conceptos y definiciones ubicadas en ambos extremos abiertamente opuestos han sido galardonados con los más altos reconocimientos [1].

En la actualidad, si revisamos un diario, una revista y hasta un artículo de contenido técnico podremos observar principalmente dos posturas respecto del sistema de protección al consumidor: 1) los consumidores necesitan de mayor protección del Estado para evitar los abusos que comenten las empresas que concurren en el mercado; y, 2) resulta ineficiente asignar mayores cargas a las empresas para el desarrollo de su actividad comercial, pues serán justamente los consumidores a quienes finalmente se trasladarán toda esas imposiciones.

Al margen de analizar la validez de ambas posiciones [2], coincidirán conmigo en que resulta bastante complicado hallar una posición que describa el interés recíproco que existe entre ambos agentes del mercado y cómo el reducir la distancia entre ellos repercutirá en todos en general [3]. Por ello, el reto consiste en ampliar el desarrollo de aquellas herramientas que tengan como finalidad reducir al máximo los costos de transacción existentes en el mercado procurando una mayor circulación de bienes que tengan como principal propósito aumentar la cantidad de personas cuyas necesidades se hayan satisfecho.

Este contexto nos lleva a considerar que resulta importante aportar al desarrollo de la teoría sobre la protección al consumidor un enfoque totalmente distinto, dándole una definición diferente a lo que comúnmente llamamos “cultura de consumo”, revistiéndola de un significado contrario a lo anteriormente expuesto, que lleve consigo el propósito de acercar a consumidores y proveedores entre sí en base a sus características comunes.

Por ello, al reflexionar acerca de la mejor definición de “cultura de consumo”, concluimos en que se trata de conocer realmente el impacto de las decisiones que adoptamos en el mercado [4], según el rol que nos corresponda, ya sea como consumidor, proveedor o funcionario del Estado.

Crear conciencia en cada uno de los agentes con interés en el mercado sobre el impacto de sus decisiones y en cómo éstas pueden afectar a otros, debe convertirse en la principal función del Estado en cuanto a política regulatoria.

Atendiendo ello, las mejores vías para su materialización deberían incluir: (i) revelar información sobre aquellos hechos que cambien o puedan cambiar el escenario actual del mercado, específicamente la relación entre consumidores, proveedores y Estado; y, (ii) educar a los ciudadanos sobre la trascendencia de asumir las consecuencias de las decisiones que adopten, según el rol que desempeñen en el mercado.

Llevando a cabo estas dos tareas, interrogantes como ¿qué se debe regular? y ¿de qué forma se debe regular? [5] dejarán de ser una preocupación para quienes nos gobiernan y para nuestra sociedad.

El objetivo fundamental de esta entrega ha sido revelar por qué nos preocupa reflexionar sobre la ausencia de conceptos que busquen crear eficiencia en el mercado, especialmente donde puede percibirse el sesgo de considerar que los proveedores están a la caza de una oportunidad para engañar a los consumidores.

El desarrollo de “la cultura de consumo” es hoy nuestro principal enfoque en Perú Consume. Estamos convencidos que dejar de lado las confrontaciones sobre teorías extremistas y ahondar en conceptos que acerquen cada vez más a los principales agentes del mercado en pro de un escenario más eficiente -en el que recurrir al litigio sea la última opción que pueda considerar alguno de ellos- traerá consigo un mayor bienestar y una mejor calidad de vida para la sociedad en su conjunto.

Aplicando lo dicho por J. F. Kennedy al sistema de protección al consumidor, sostengo que es imperiosamente necesario ponerle fin a las disquisiciones acerca de la regulación del mercado y trabajar en el desarrollo de instrumentos que nos permitan contar con ciudadanos responsables y conscientes de las consecuencias de su comportamiento en la economía de la sociedad.

Walter Alvarez, octubre de 2014

Referencias:

[1] En este punto, podría resultar ilustrativo citar como ejemplo el premio Nobel en Economía otorgado a Friedrich Hayek (1974) quien sostuvo la interdependencia de la economía y la sociedad y, en contraposición, el recientemente concedido a Jean Tirole (2014) por resaltar la importancia de la regulación del mercado.

[2] Nos comprometemos a desarrollar en una próxima entrada ambas posturas para analizar si realmente alguna de ellas redunda en mayores beneficios hacia los consumidores.

[3] Entre otras posibles causas, el bienestar social obedecerá a que el Estado dedicará menos recursos a determinar si resulta adecuado regular el mercado.

[4] Esta definición fue desarrollada de forma conjunta con César Ordinola y difundida previamente a través del blog #YoConsumo

[5] Un mayor alcance sobre el análisis que debería efectuar el legislador antes de la dación una norma lo podemos encontrar aquí.


Fotografía del post tomada de aquí.

Esta entrada es parte del blog "La bitácora del consumidor" a cargo de Walter Alvarez.


Nuevo Código de Ética Publicitaria del CONAR [por Alex Sosa]


El martes 7 de octubre se presentaron ante la sociedad las nuevas versiones del Código de Ética Publicitaria y Código de Procedimientos del CONAR, en un interesante evento que se llevó a cabo en el teatro La Plaza de Larcomar como podrán apreciar en el siguiente extracto cortesía de ATV:



 (Si aún no sabe que es el CONAR, puede hacer click aquí)

¿Era necesario que el CONAR cambie de código de conducta?

De acuerdo a la doctrina y a lo señalado por organismos internacionales de autorregulación (como por ejemplo,  EASA), los códigos de conducta elaborados (y autoimpuestos) por el sistema de autorregulación deben ser compatibles con las normas que regulan la materia. Esto se cumplía parcialmente en nuestro país, pues nuestro Código de Ética era compatible, pero con  el Decreto Legislativo 691 – Normas de la Publicidad en Defensa del Consumidor, derogado en el año 2008. En ese contexto, era necesario modificar nuestro código y adaptarlo a las normas que regulan la publicidad comercial en la actualidad (Decreto Legislativo 1044 y Código de Protección y Defensa del Consumidor) y por qué no, aprovechar la oportunidad para acercarlo a códigos internacionales de autorregulación.

Es por ello que luego de varios meses de trabajo, el CONAR presentó su nuevo Código de Ética Publicitaria y Código de Procedimientos.

En el presente post, haré un breve resumen de los principales cambios presentados en el Código de Ética del CONAR. Empezaré hablando de los principales cambios en los aspectos generales de aplicación del Código. En primer lugar, debo mencionar que este código, a diferencia del anterior, establece que solo será aplicable a los agentes económicos que sean miembros de alguno de los gremios que conforman el CONAR y a asociados adherentes del sistema de autorregulación. Este cambio constituye una importante mejora respecto del Código anterior, el cual disponía que era aplicable a cualquier agente económico así no formara parte del sistema de autorregulación. Recordemos que son normas autoimpuestas, por lo tanto, no deberían aplicarse a anunciantes que no forman parte del sistema.

Otro punto positivo de este apartado es la adecuación del glosario de términos al glosario de la LRCD –Ley de Represión de la Competencia Desleal (incluso hemos incorporado algunas mejoras a ciertas definiciones, como por ejemplo, la de publicidad testimonial). Asimismo, en el apartado que establece la forma como se interpreta la publicidad comercial, hemos incluido el análisis de la parte captatoria del anuncio, pero este siempre respetando que el anuncio sea analizado de modo integral y superficial, de acuerdo a como lo entendería un consumidor razonable.

Ahora bien, entrando a los principios publicitarios, empezaremos con el Principio de Leal Competencia, en el que sus principales cambios han sido adecuar su artículo 5  a una especie de cláusula general del código de conducta que exige a los anunciantes competir sobre la base del principio de competencia por eficiencia; y, por otro lado, el desarrollar la figura de la confusión publicitaria en el artículo 6, siguiendo la correcta definición del acto de confusión de la LRCD, dejando claro que dicha figura solo se presentará en anuncios que tengan por efecto inducir a error a los consumidores respecto del origen empresarial del anunciante.

En dicho artículo, se ejemplifica una modalidad de acto de confusión en la publicidad, la cual cito a continuación: “Infringe el presente Código la imitación del esquema general, el texto del eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de otros mensajes publicitarios nacionales o extranjeros siempre y cuando dicha imitación pueda dar lugar a confusión”.

De otro lado, tenemos al principio de veracidad, que adecua su redacción al artículo 8 de la LRCD, señalando que será ilícito todo anuncio que tenga por efecto la inducción a error al consumidor respecto a las alegaciones objetivas difundidas. Cabe señalar, que este nuevo código establece que solo las afirmaciones objetivas difundidas en la publicidad se encuentran sujetas al principio de veracidad. Asimismo, incluye dentro de este principio a la substanciación previa que impone como obligación a los anunciantes contar con todos los medios probatorios previamente a la difusión del anuncio. Así, de acuerdo al artículo 18 del nuevo Código de Procedimientos, los anunciantes deberán cumplir con dicho principio dentro del plazo que tienen para presentar sus descargos: “transcurrido el plazo para presentar los descargos la parte denunciada no podrá ofrecer medios probatorios adicionales que respalden el contenido de sus alegaciones publicitarias. De ser presentados, estos medios probatorios no serán incorporados al expediente por la Secretaría Técnica a fin de garantizar el principio de celeridad que orienta los procedimientos tramitados ante el CONAR”.

En lo que respecta al principio de legalidad, vemos que su evolución es muy similar a la que se presentó en el artículo 17 de la LRCD, pues se mejoró su redacción asimilándola mucho a la contenida en dicho artículo, dejando claro que el principio de legalidad impone a los anunciantes el deber de cumplir con lo establecido en las normas imperativas del ordenamiento jurídico aplicable a la publicidad las cuales incluyen a las normas sectoriales. Adicionalmente, señala que frente a un conflicto entre la norma y el código de conducta, se preferirá la norma. Sin perjuicio de ello, en dicho artículo se establece que en la medida que el sistema de autorregulación se desarrolla sobre la base de normas autoimpuestas, estas pueden ser más restrictivas que las normas legales que regulan la materia, como justamente sucede con el principio de adecuación social, del cual hablaremos a continuación.

Respecto al principio de adecuación social y principio de decencia, nos hemos acercado bastante a la redacción del artículo 18º de la LRCD, estableciendo criterios objetivos de evaluación en los que se señala que se sancionará únicamente a los anuncios que tenga por efecto vulnerar el derecho a la igualdad, en pocas palabras, será sancionado el anuncio que pueda inducir al consumidor a realizar conductas discriminatorias. Asimismo, establece que se sancionará todo anuncio que tenga por efecto inducir la realización de conductas ilegales o perjudiciales para la salud de las personas. Nótese que lo importante ahora es determinar si el anuncio es susceptible de inducir la realización de dichas conductas a los consumidores. A todo esto se le agrega como criterio que cada procedimiento relacionado con la decencia o sexualidad será analizado de modo particular (esto es, caso por caso).

Con relación a los formatos publicitarios, el cambio más relevante se presenta en la publicidad de naturaleza alusiva (publicidad comparativa, adhesiva y denigratoria), el cual se adecua a lo regulado en la LRCD, estableciendo que se tratan de modalidades publicitarias lícitas siempre que cumplan con la exceptio veritatis (que el anuncio sea exacto, veraz y pertinente), requisitos muy similares a los establecidos en el artículo 11.2 de la LRCD, pero con ciertas mejoras técnicas.

Finalmente, los invito a descargar ambos códigos a través del siguiente link:


Por cierto, para los que estén interesados en cómo se aplicarán estos nuevos códigos, los invito al siguiente taller:


Alex Sosa, octubre de 2014

Fotografía del post tomada de aquí.

Esta entrada es parte del blog "Términos y Condiciones" de Alex Sosa.