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[Actualidad Económica] Perú obtuvo el puesto 65 en el ranking de Competitividad Global


El World Economic Forum publicó el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 el cual analiza el panorama competitivo de 144 economías de todo el mundo. En los resultados, destaca Suiza como el país más competitivo del mundo, seguido de Singapur en el segundo puesto y Estados Unidos en tercer lugar. El Perú obtuvo el puesto 65 en el ranking de competitividad descendiendo del puesto 61 obtenido en el Reportede Competitividad Global 2013-2014 y 2012-2013 (puesto 61 de 144 economías).

Al igual que el reporte pasado, Perú continúa ocupando el sexto lugar en Latinoamérica y el Caribe debajo de Chile (puesto 33), Panamá (puesto 48), Barbados (puesto 51), Brasil (puesto 57) y México (puesto 61); y arriba de Colombia (puesto 66), Guatemala (78), Uruguay (80) y otros.

De acuerdo al reporte, el descenso se debería a preocupaciones sobre el funcionamiento de las instituciones (puesto 118) junto al insuficiente progreso en la mejora de calidad en la educación (puesto 135) y adopción de tecnologías (puesto 92). Asimismo, se explica este descenso también por el agotamiento de las fuentes de ganancias de competitividad del país de años anteriores.

Por otro lado, el reporte destaca el muy fuerte desempeño macroeconómico (puesto 21) y altos niveles de eficiencia en sus bienes (puesto 53), mercados financieros (puesto 40) y mercados laborales (puesto 51) pese a la rigidez en prácticas de contratación y despido (puesto 130).

El documento menciona que pese a que Perú se ha beneficiado recientemente de un fuerte crecimiento gracias al aumento del precio de minerales, el país debe construir su resiliencia abordando desafíos más duraderos: fortalecer sus instituciones (puesto 127) a través del aumento de eficiencia del gobierno (puesto 116), lucha contra la corrupción (puesto 103) y mejorando su infraestructura (puesto 88). Además de ello recomienda el aumento de la capacidad de generar y usar conocimiento y, por lo tanto, diversificar su economía en actividades más productivas que requerirán aumentar la calidad en educación (puesto 134) la cual actualmente no es capaz de proveer las habilidades necesarias para cambiar la economía; impulsar la adopción de tecnología (puesto 92) incluyendo una amplia captación y uso de Tecnologías de Información y Comunicación (puesto 101); y finalmente aumentar su capacidad de innovación (puesto 117) el cual permanece bajo. Estas acciones tomarán tiempo en desarrollar y dar fruto.

Finalmente, resulta importante destacar una encuesta dentro del reporte en la cual se abordan los factores más problemáticos para realizar negocios en el Perú. Los principales problemas son la ineficiente burocracia en el gobierno (21.8%), corrupción (15.8%), restrictiva regulación laboral (12.2%), inadecuada fuente de infraestructura (10.0%), inadecuada educación de la fuerza de trabajo (8.0%), crimen y robo (7.2%) entre otros.

 Fuente: World Economic Forum – Report Highlights

Resulta importante mencionar que actualmente el país ha adoptado medidas para aumentar la competitividad, a cargo del ConsejoNacional de la Competitividad y el PlanNacional de Diversificación Productiva liderado por  el Ministerio de la Producción. 

Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Actualidad Económica" en Perú Consume se encuentra a cargo de Carlos Viguria, Walter Alvarez y César Ordinola.

Publicado por: Peru Consume - 9/30/2014
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[Normas] Directiva N° 004-2014/DIR-COD-INDECOPI, Sistema de Reportes de Reclamaciones (SIREC)


El pasado 4 de agosto se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Directiva N° 004-2014/DIR-COD-INDECOPI, aprobada por Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 119-2014-INDECOPI/COD, la cual regula la implementación y condiciones de uso del Sistema de Reportes de Reclamaciones - SIREC.

Al respecto, debe indicarse que, de acuerdo al artículo 16° del Reglamento del Libro de Reclamaciones, los proveedores que registren un ingreso anual igual o mayor a trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (el ingreso anual corresponderá al último declarado ante la autoridad tributaria y el valor de la UIT será el correspondiente al año en el que se efectuó la declaración de ingresos), tienen la obligación de reportar la información de sus Libros de Reclamaciones en el aplicativo informático que estará a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del INDECOPI (GSF) y se denominará “Controla tus Reclamos”.

De acuerdo a lo señalado en la directiva, la implementación del sistema se realizará en dos etapas:
a. Etapa de prueba: desde el 15 de agosto hasta el 31 de octubre de 2014. La GSF convocará como mínimo a cinco (5) empresas para esta prueba.
b. Etapa de operación: iniciará el 01 de noviembre del 2014​ y será implementada en forma progresiva.

Corresponderá a la GSF la implementación de un registro de proveedores obligados a contar con el SIREC, los cuales deberán presentar la siguiente documentación, como máximo hasta el 31 de octubre de 2014, y a través del portal web del INDECOPI: (i) Copia simple del DNI del representante legal o apoderado y (ii) Copia simple del certificado de vigencia de poderes del apoderado, expedido dentro de los seis (6) meses previos a la presentación de la solicitud. Luego de ello, la GSF asignará un código de usuario y clave a cada proveedor y será obligatorio el inicio de los reportes a los treinta (30) días contados desde el día siguiente de otorgado el acceso.

En lo que respecta al funcionamiento, debe precisarse que los reclamos y sus estados se deberán reportar vía internet, a través del SIREC en un plazo máximo de treinta (30) días calendario desde que el reclamo fue interpuesto. La información mínima que deberá ingresarse en el sistema es la contenida en las hojas de reclamaciones.

Es importante mencionar que el SIREC podrá ser utilizado como Libro de Reclamaciones Virtual por el proveedor, en cuyo caso, la información se reportará automáticamente al servidor del INDECOPI.

Finalmente, se ha dispuesto que si bien es facultad del proveedor utilizar el Sistema como Libro de Reclamaciones Virtual, de no ser así, la información de cada reclamo y su respuesta deberá ser ingresada en el Sistema en un máximo de 30 días calendario de interpuesta la queja o reclamo.

Para tener acceso al texto completo de la norma en PDF, puedes ingresar al siguiente enlace.

* La sección "Normas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Evelyn Chumacero, Cecilia Kahn y Yosely Osorio.
Publicado por: Peru Consume - 9/29/2014
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[Actualidad Económica] Aporte obligatorio de trabajadores independientes a AFP


Tras varias semanas en la que toda la atención estuvo enfocada en el Congreso y posteriormente en el Poder Ejecutivo, el miércoles 17 de setiembre se publicó la Ley N° 30237 sobre la derogación de las normas que disponen la obligación de aportes de independientes (trabajadores que perciben remuneraciones de cuarta y quinta categoría) nacidos después del 1 de agosto de 1973 al Sistema Privado de Pensiones (ver Norma aquí). Ello luego de un periodo en el cual existieron diversas manifestaciones de rechazo a estas medidas presentadas tanto por sectores de la oposición en el Congreso y líderes de partidos políticos, así como por movimientos de ciudadanos, la prensa escrita, y portales de información en internet.

La aportación obligatoria de trabajadores independientes tuvo su inicio en un debate realizado hace dos años, contexto en el cual se publicó la Ley Nº 29903 –Ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones– que dispuso que los trabajadores independientes menores de 40 años se afilien a alguno de los Sistemas Previsionales, ya sea la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o la AFP que ofreciera la comisión más baja por la administración de fondos (la exclusividad de afiliar a ese sector por dos años fue dada a AFP Habitat de acuerdo a una licitación publicada a través de la Circular SBS Nº AFP-128-2012). Asimismo, esta reforma estableció también el pago de comisiones sobre el saldo de la cuenta de aportaciones (comisión mixta) y ya no según un porcentaje del salario del afiliado (comisión por flujo). De acuerdo a fuentes del Gobierno, esta reforma fue realizada ante “la necesidad de mejorar el desempeño del Sistema Privado de Pensiones de manera que se reduzca el riesgo de pobreza en la vejez, y que los afiliados reciban un mejor servicio accediendo a una menor comisión, una mayor rentabilidad y sobre todo a una mejor pensión”.

A raíz de la dación de la Ley de reforma del Sistema Privado de Pensiones, se publicaron normas reglamentarias para la afiliación de los trabajadores independientes a la ONP a través del Decreto Supremo Nº 166-2013-EF del 07 de julio de 2013. Al igual que lo sucedido este año, existió un gran rechazo a dicha medida por lo que se decidió suspender las disposiciones del Decreto Supremo en mención y por ende la obligatoriedad de aportación de los independientes hasta el 1 de agosto del 2014. El entonces Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, declaró que durante el periodo de suspensión se buscará convencer a las personas sobre los aspectos positivos de estar afiliadas a un Sistema Previsional. Claramente dichas intenciones no fueron concretadas en absoluto.

Habiendo transcurrido el periodo de suspensión, en el mes de agosto de este año los trabajadores independientes tuvieron que afrontar diversas problemáticas: ver la reducción de sus ingresos, aprender a llenar su recibo de honorarios con el nuevo aporte, cuestionar diversos temas sobre el Sistema Privado de Pensiones como la edad referencial utilizada en los cálculos, la exigencia de mayor transparencia, limitaciones a la libertad de contratación (tema sobre el cual el Tribunal Constitucional se pronunció en marzo del 2013) y principalmente, se cuestionó la necesidad de contar con la afiliación obligatoria a un Sistema Previsional.

A lo anterior debemos agregar las manifestaciones de ciudadanos que expresaron abiertamente su rechazo a la aportación de independientes a un Sistema Previsional. Quizás el más importante de ellos es el grupo “Somos libres: ni AFP ni ONP obligatoria” el cual a través de una página web y su página de Facebook exigieron la eliminación de los aportes obligatorios a las AFP y ONP y tener la libertad de decidir qué hacer con el dinero ganado, logrando publicar en diversos medios un cuadro en el cual se sugiere que es mejor ahorrar de manera independiente en una entidad financiera que en una AFP (dicho cuadro no considera que la variación de la rentabilidad de una AFP según el fondo en el que se invierta, respecto a una cuenta de ahorros con la tasa de interés que ofrezca la entidad financiera). De igual modo, el martes 26 de agosto se realizó una marcha en contra de estas medidas. Lo peor de todo esto es que actualmente se percibe una gran desinformación sobre las AFP cuyos servicios son relacionados a estafas y robos, afrontando así una gran afectación a su reputación.

Ante esta coyuntura reviste mayor importancia la mejora en la información y educación sobre el funcionamiento del Sistema Previsional pues, pese a lo cuestionable de la aportación obligatoria de independientes a una AFP, se debe considerar también los beneficios de un Sistema Previsional para la vejez. Otro punto a tener en cuenta es lo manifestado por Luis Valdivieso, presidente de la Asociación de AFP, quien menciona que la intención de la aportación de independientes es que éstos cuenten con un fondo para su vejez y que en el futuro no sean sostenidos por los impuestos de todos. Es posible que el Gobierno y nuestros legisladores puedan considerar una mejor forma de ahorro previsional de los independientes, para lo cual será necesario la participación del sector empresarial y expertos en la materia.

Imagen del post tomada de aquí.

* La sección "Actualidad Económica" en Perú Consume se encuentra a cargo de Carlos Viguria, Walter Alvarez y César Ordinola.

Publicado por: Peru Consume - 9/22/2014
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[Jurisprudencia] Resolución N° 1008-2013/SPC-INDECOPI



El 25 de abril de 2013, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi emitió la Resolución N° 1008-2013/SPC, mediante la cual efectuó una interpretación del deber de idoneidad al que se encuentran obligados los proveedores que ofertan productos y servicios en el mercado, precisando, además, la naturaleza residual de los remedios jurídicos frente a la comisión de una infracción al deber de idoneidad.

Este pronunciamiento fue emitido en el marco de un procedimiento iniciado en contra de la empresa América Móvil Perú S.A.C. (Claro) como consecuencia de la negativa a hacer efectiva la garantía de su equipo móvil “Iphone” pese a haber presentado un defecto en su funcionamiento a los pocos meses de haber sido adquirido.

Con relación al defecto denunciado, tanto la primera como la segunda instancia administrativa (Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 3 y la Comisión de Protección al Consumidor N° 1, ambos de la Sede Central del Indecopi) resolvieron declarar fundada la denuncia por haberse constatado los defectos en el equipo en cuestión.

Asimismo, respecto de la negativa de hacer efectiva la garantía, la primera instancia consideró que de las pruebas ofrecidas no se podía concluir que el proveedor denunciado hubiera efectuado una evaluación incorrecta; sin embargo, para la Comisión, Claro no demostró que el defecto denunciado en el equipo se encontraba excluido de la garantía ofrecida.

En vía de revisión, la Sala interpretó los alcances del deber de idoneidad previsto en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, considerando entre otros factores, el hecho de que los consumidores adquieren productos y contratan servicios por diversas razones, por lo que calificó el acto de consumo como un hecho social que permite al hombre autorrealizarse y no un simple acto económico. En ese sentido, al presentarse un defecto en el producto adquirido, el consumidor ya sufrió un perjuicio y en consecuencia, el hecho que el proveedor adopte un mecanismo para remediar tal circunstancia no debe constituir un eximente de responsabilidad.

Asimismo, consideró que es el proveedor quien se encuentra en una mejor posición para prevenir los efectos causados por poner en circulación un bien defectuoso, además de poder reducir los costos que ello ocasiona, de la forma más económica posible al establecer los cambios necesarios.

Al fundamentar su decisión, consideró que la especial protección de los consumidores frente a productos defectuosos se basa en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran frente a los proveedores. En esta línea de ideas, la Sala concluyó lo siguiente:

"63. (…) este Colegiado considera que el deber de idoneidad contenido en los artículos 18° y 19° del Código deberá ser entendido como la obligación de brindar productos o servicios que correspondan a las características ofrecidas por el proveedor y esperadas por el consumidor, siendo que de no presentarse alguna de las causales de exclusión contempladas en el artículo 104° del Código, será el proveedor quien resulte responsable por haber infringido el deber de idoneidad.

64. Por otro lado, el hecho de que los proveedores ofrezcan en el mercado un conjunto de remedios jurídicos -reparación, reposición y devolución del dinero- exigibles por el comprador de un determinado bien frente al vendedor -en caso de que el producto se revele defectuoso, inadecuado o de cualquier otro modo no conforme a lo convenido- no enerva el hecho de que el proveedor haya incurrido en una infracción al deber de idoneidad, siendo que las medidas adoptadas por este último únicamente constituirán soluciones residuales ante una infracción que ya se ha consumado.(...)"

Esta nueva interpretación del deber de idoneidad modifica el criterio anteriormente adoptado por la Sala mediante la Resolución N° 2221-2012/SC2-INDECOPI del 19 de julio de 2012, en la cual consideró que la sola constatación de alguna falla en el funcionamiento de un producto no constituía una infracción al deber de idoneidad, pues esta se configuraría si ante el defecto, el proveedor limitó, excluyó o denegó la aplicación de los mecanismos de solución reconocidos por ley u ofrecidos de manera explícita o implícita por el proveedor.

La adopción de este nuevo criterio de la Sala supone el establecimiento de un determinado estándar, por el cual los productos o servicios que pongan en circulación en el mercado deberán corresponder a las características ofrecidas por los proveedores y esperadas por los consumidores.

En tal sentido, ante el defecto presentado, se considerará que el proveedor infringió su deber de idoneidad (salvo que se encuentre inmerso en una de las causales de exclusión previstas en el Código) y por ende, será responsable administrativamente por ello, aun cuando adopte acciones con posterioridad a fin de resarcir el daño causado al consumidor.

Finalmente, es importante precisar que en la actualidad este criterio se mantiene vigente y constituye precedente para todas las instancias administrativas a nivel nacional.

Para tener acceso al texto completo de la resolución en PDF, puedes ingresar al siguiente enlace.

Imagen del post tomada de aquí.


* La sección "Jurisprudencia" en Perú Consume se encuentra a cargo de Walter Alvarez y Jhosseline Espinoza.


Publicado por: Peru Consume - 9/18/2014
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[Normas] Ley N° 30237, Ley que deroga el aporte obligatorio de los trabajadores independientes


El día de hoy, 17 de septiembre de 2014, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 30237, Ley que Deroga el Aporte Obligatorio de los Trabajadores Independientes.

De acuerdo a dicha ley, quedan derogados los artículos 8° y 9° de la Ley N° 29903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones y, en consecuencia, se restablecen los aportes libres y voluntarios de los trabajadores independientes.

Asimismo, se modifica el artículo 33° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-97-EF y se señala que el trabajador independiente podrá afiliarse, voluntariamente, al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP).

Finalmente, debe indicarse que los montos cobrados a los trabajadores independientes, en virtud de la norma derogada, podrán ser devueltos o considerados para el reconocimiento del cálculo de la pensión, a elección.

Para tener acceso al texto completo de la norma en PDF, puedes ingresar al siguiente enlace.


* La sección "Normas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Evelyn Chumacero y Roxana Soto.

Publicado por: Peru Consume - 9/17/2014
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La falacia del sector más reclamado [por César Ordinola]


En el mundo de la protección al consumidor en el Perú existen muchas verdades a medias. Durante años, los consumidores, proveedores y la propia autoridad hemos concebido y alimentado estos mitos sobre diversos aspectos vinculados al comportamiento de los agentes del mercado, generando interpretaciones que se vuelven axiomas con un sustento inexacto. En esta oportunidad me gustaría abordar un tema que con frecuencia escucho en el discurso de diversos “especialistas” en protección al consumidor: la falacia del sector más reclamado.

¿En qué consiste esta falacia? En asumir que el sector más reclamado ante la autoridad de protección al consumidor ocupa dicho lugar debido a que los proveedores de esa actividad económica tienen graves falencias en la calidad de los bienes o servicios que ofertan, lo que conlleva erróneamente a pensar que existe un malestar generalizado de los consumidores que debe ser atendido con una mayor regulación o sanciones ejemplares que solucionarían el incremento de quejas.

En nuestro país, y tal como varios medios de prensa especializados presentan periódicamente (ver aquí y aquí), el sector más reclamado ante el INDECOPI es el de servicios financieros. En efecto, de acuerdo al último reporte mensual de estadísticas institucionales que se encuentra en la página web de nuestra autoridad de consumo, al mes de julio del año 2014, el Servicio de Atención al Ciudadano recibió 35 232 reclamos de usuarios a nivel nacional siendo que 15 033 de estos se encontraron asociados a servicios bancarios, seguidos de 2 712 quejas en el sector de transporte de pasajeros y 1 840 reclamos vinculados a seguros.

Este mismo resultado se replica en el ranking de sanciones que el propio INDECOPI maneja por mandato legal, me refiero al registro “Mira a quién le compras”, portal informativo alojado en la web de dicha institución que permite verificar las infracciones y sanciones que dicha entidad ha impuesto a un proveedor por un lapso de 4 años. 

El liderazgo del sector bancario tanto en el ranking de reclamos como en el de sanciones ante el INDECOPI ha conllevado por años que se asuma lo peor de los proveedores de servicios financieros. Por ejemplo, el presidente de una de las principales asociaciones de consumidores del Perú, señaló en una entrevista el año pasado que “la gente se preocupa y se molesta mucho con el sector financiero, la banca, las compañías de seguros, las AFP, etc. por distintas razones, ¿no? Porque no reciben una información adecuada, porque la información que reciben es deliberadamente engañosa, porque les cargan conceptos que ellos nunca solicitaron como por ejemplo seguros, porque la atención que se les brinda cuando el consumidor reclama es deficiente, al consumidor lo tratan muy mal, lo hacen esperar horas y al final le dan una respuesta que no es la adecuada (...) el consumidor cuando va a quejarse a la empresa es tratado como un hijastro (…) los tienen tostándose bajo el sol a los consumidores, los aburren, gente que llegó después que el consumidor a reclamar sale primero, hay una sola ventanilla para que el consumidor se queje, el Libro de Reclamaciones brilla por su ausencia o te ponen todo tipo de cortapisas para que puedas hacer uso de él, etc. Eso son los problemas y eso pasa bastante en la banca, por eso es el sector financiero el más quejado en el ranking. (…)”.

¿Son estos motivos los que realmente conllevan a que exista un alto volumen de reclamos en el sector bancario? Creo que la pregunta parte de una premisa equivocada: asumir que el número de quejas es excesivo y que denota un problema en la calidad de los productos y servicios financieros. ¿Cómo demostrar este error? A través de un ejercicio simple de cálculo: obtener el porcentaje de quejas y/o sanciones presentadas del número total en promedio de transacciones que realiza un banco para determinar si los reclamos presentados ante la autoridad constituye realmente un porcentaje relevante.

Por ejemplo, en febrero de este año una de las principales entidades financieras del país indicó que el promedio mensual de operaciones que realizan los consumidores a través de agentes era de 14 millones mientras que el número de operaciones en ventanilla alcanzaban 12 millones por mes. En total, aproximadamente 26 millones de transacciones mensuales que involucran retiros de dinero, pagos de créditos de consumo o tarjetas de crédito, cancelación de recibos de servicios públicos, depósitos de remuneraciones a trabajadores, pagos anticipados de deudas, entre otros. Si de este universo obtenemos el porcentaje que corresponde al número de reclamos presentados en el INDECOPI contra esta misma entidad financiera (de acuerdo al reporte estadístico fueron 195 quejas en el mes de febrero), podemos afirmar de manera objetiva que únicamente un 0,00075% de todas las transacciones ocasionó una controversia de consumo que fue trasladada a la autoridad vía un reclamo.

¿Puede considerarse un 0,00075% de reclamos del total de operaciones un índice excesivamente alarmante que debería llevarnos a satanizar a todo el sector bancario? Claramente la respuesta es negativa. De otro lado, si analizamos las sanciones impuestas a la misma entidad financiera del ejemplo anterior (407 desde la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor en el año 2010) versus el número de operaciones que ejecutó en dicho lapso de tiempo, el resultado es mucho más ínfimo. Considerando que este banco habría realizado un total de 1 248 000 000 transacciones en un período de 4 años (empleando el promedio mensual de 26 millones de transacciones por 48 meses), los 400 casos sancionados no comprueban un comportamiento anómalo por parte de la entidad financiera ni mucho menos acreditan presuntas prácticas abusivas diseñadas y ejecutadas de manera sistemática en contra de los consumidores.

Lo que realmente nos muestran estas cifras es que el sector bancario es el que mayor número de transacciones concentra a diario en el mercado y por ello, un porcentaje de controversias de consumo es perfectamente razonable como consecuencia natural del uso frecuente de los servicios de intermediación financiera. Si existieran realmente porcentajes significativos de reclamos versus el universo de operaciones, podríamos afirmar que hay un problema en la calidad de servicios y productos financieros que se ofrecen en el mercado. Sin embargo, asumir que los reclamos que actualmente se presentan contra este tipo de proveedores demuestran malas prácticas de atención al cliente o un estándar perverso y generalizado por parte de los bancos y financieras, es a todas luces un argumento falaz. El análisis más ligero de los datos estadísticos es atribuir prácticas abusivas al proveedor cuando probablemente la explicación comprenda entender que un mayor número de reclamos en este sector denota que los usuarios de servicios financieros conocen sus derechos y emplean los mecanismos para solucionar sus controversias de consumo.

En este punto, es pertinente resaltar que el comentario efectuado aquí no pretende negar la existencia de prácticas que contravienen la normativa de protección al consumidor en el mercado por parte de bancos y financieras que merecen una sanción; sin embargo, considero importante evidenciar que las interpretaciones inexactas de los datos que nos proporcionan las autoridades generan una percepción errada en la ciudadanía, creando a su vez la falsa esperanza que un aumento en la regulación y mayores multas son la panacea para “controlar” a las “entidades más reclamadas del país”.

Realizar un análisis sesgado de los datos presentados por la autoridad claramente alimenta la falacia del sector más reclamado y distorsiona el sentido auténtico de las estadísticas. En vez de ello, sería interesante que no solamente se resalte el número de reclamos presentados ante el INDECOPI sino que también se evalúen cuántas quejas fueron atendidas directamente por el proveedor con eficacia o prontitud, qué porcentaje de estas fueron efectivamente resueltas a favor del consumidor sin necesidad que acuda a una instancia administrativa, etc. El mercado necesita un verdadero ranking con información relevante que considere todas las variables del universo de reclamos (número de quejas presentadas ante el proveedor directamente, atendidas dentro del plazo, resueltas a favor del consumidor, trasladadas a la autoridad, conciliadas, etc.) para generar una herramienta competitiva para los bancos y financieras, quienes tendrían como incentivo atender sus reclamos con mayor celeridad para ser reconocidos en la lista de la autoridad como proveedores eficientes en la gestión de reclamos.

Las quejas, reclamos y denuncias constituyen las mejores expresiones del derecho que tenemos todos los ciudadanos para exigir al Estado que nos brinde una solución imparcial y objetiva frente a una controversia de consumo. Analizar de manera aislada el top de reclamos presentados y multas impuestas por el INDECOPI debería servir para estudiar si la capacidad estatal para reaccionar frente a esta demanda de reclamos es adecuada; pero de ningún modo puede asumirse que un proveedor con más reclamos es aquel que sostiene una mala conducta en su actuar diario. Es absurdo pensar que una empresa va a maltratar deliberadamente a un cliente, debido a que éste es la razón de su existencia y el único que con su elección puede determinar su permanencia en el mercado. Si queremos promover la competitividad en nuestro país, no puede asumirse por defecto la mala fe de los proveedores en el libre juego de la oferta y demanda.

Seamos conscientes que cada decisión que tomamos como consumidores, proveedores o Estado impacta necesariamente en todos los agentes que conformamos el mercado y que la falacia del sector más reclamado únicamente puede generar una falsa percepción que no contribuye en modo alguno con fomentar la cultura de consumo en el Perú.

César Ordinola, setiembre de 2014


Fotografía del post tomada de aquí.

Esta entrada es parte del blog "#YoConsumo" a cargo de César Ordinola.



Publicado por: Peru Consume - 9/16/2014

[Actualidad Económica] Desaceleración económica: menor optimismo en el crecimiento de la economía peruana


Las noticias sobre desaceleración económica en el Perú fueron alarmantes a partir de un reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que reveló que el Perú creció 0.3% en junio del presente año con relación al mes de junio del 2013, la cual sería la menor tasa mensual de crecimiento registrada en casi cinco años.

A partir de entonces se han emitido diversos estudios de previsión sobre el crecimiento económico en el país. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considera que la tasa de crecimiento económico sería de 4.2% mientras que el Banco Central de Reserva (BCR) considera que sería de 4% (en el mes de junio fue un poco más optimista: 4.4%). Por otro lado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), anunció que su estimado de crecimiento sería de 4.1%. 

De acuerdo a los representantes del MEF y el BCR, los factores de desaceleración son temporales y en el año 2015 se recuperaría el índice de crecimiento. En el mismo sentido, de acuerdo con el ministro de Producción, Piero Ghezzi, la desaceleración económica se debe a la caída de precios de las materias primas, las reformas no impulsadas en el quinquenio pasado, inadecuadas regulaciones que el gobierno corregirá y que la caída del crecimiento económico se registra en todos los países de América Latina lo cual sugeriría que hay un efecto externo importante. 

Mientras que las tasas de crecimiento económico de estas instituciones son efectivamente menores al potencial esperado para el año 2014, el cual era mayor al 6%, las empresas extranjeras de banca de inversión tales como Goldman Sachs, JPMorgan, BBVA, Moody’s y UBS son menos optimistas aún.

En efecto, de acuerdo a Goldman Sachs, el crecimiento de Perú solo llegaría al 3.1% en el 2014. Para JPMorgan sería de 3.3% y BBVA considera que la tasa de crecimiento sería de 4.1%. Por su parte, Moody’s proyecta que el crecimiento del PBI será de 4.1% mientras que para UBS sería de 4.0%. 

Godlman Sachs sostiene que la desaceleración económica ha sido causada por la disminución de la inversión privada y pública además de la caída de las exportaciones netas. Según el BBVA, la desaceleración es producto de la reducción del gasto privado y público así como de las exportaciones. En el caso de Moody’s, considera que la desaceleración se debe al pobre desempeño del primer semestre del año 2014 y que la actividad económica del país se vio reducida por factores temporales así como por el retroceso en la minería, por ejemplo Toromocho y la fiscalización de la minería ilegal, así como otros sectores extractivos.

Resulta importante precisar que ante esta situación, el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley Nº 3627-2014 con el cual se tomarán medidas para reactivar la economía. Entre las diferentes medidas propuestas se encuentran reformas tributarias, modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado, reducción de infracciones laborales, reducción de funciones al Ministerio del Ambiente, entre otros.


* La sección "Actualidad Económica" en Perú Consume se encuentra a cargo de Carlos Viguria, Walter Alvarez y César Ordinola.
Publicado por: Peru Consume - 9/15/2014
 

 

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