4/5/15

[Proyectos Normativos] Reglamento de Contratación de Terceros Supervisores del INDECOPI


* Por César Ordinola, para la sección Proyectos Normativos de Perú Consume.

El pasado 25 de abril de 2015, se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo del INDECOPI N° 078-2015-INDECOPI/COD, mediante la cual se dispuso la publicación previa en el portal web del INDECOPI del proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Contratación de Terceros Supervisores.

La propuesta de norma tiene como objeto regular los criterios y procedimientos para la contratación de terceros supervisores del INDECOPI, quienes podrán verificar el cumplimiento de obligaciones legales, técnicas o contractuales de administrados en el marco de las funciones de la referida institución.

El proyecto normativo precisa que las posibles áreas solicitantes del servicio de supervisión son la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, la Comisión de Protección al Consumidor, los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de protección al consumidor, la Dirección de Signos Distintivos, la Dirección de Derechos de Autor, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y las Oficinas Regionales del INDECOPI.

Asimismo, la propuesta establece los aspectos técnicos vinculados a los procedimientos para la selección, contratación, ejecución y sanción de las funciones que se podrán asignar a los terceros supervisores. De igual modo, propone la creación del Registro de Terceros Supervisores que se encontrará a cargo de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del INDECOPI.

El proyecto normativo se encuentra publicado en el portal web del INDECOPI a efectos de recibir los aportes y comentarios de la ciudadanía por el lapso de veinte días calendarios, que vencen el próximo viernes 15 de mayo de 2015. Las observaciones pueden ser remitidas al siguiente correo electrónico: mpozo@indecopi.gob.pe

Puedes acceder a la propuesta en el siguiente enlace oficial.

29/4/15

[Jurisprudencia] Fijación de intereses moratorios en instituciones educativas


* Por Evelyn Chumacero, para la sección Jurisprudencia de Perú Consume.

El 19 de enero de 2015, mediante Resolución N° 0126-2015/SPC-INDECOPI, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI precisó las atribuciones con las que cuentan las entidades educativas para fijar intereses moratorios.

Este pronunciamiento fue emitido en el marco de un procedimiento iniciado de oficio por la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de Cusco contra la Universidad Alas Peruanas S.A. debido a que, ante el incumplimiento del pago de las pensiones en las fechas pactadas, requería a los consumidores el pago de una penalidad que, sumada a los intereses moratorios, excedía los límites establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú.

Durante la investigación realizada por la Secretaría Técnica, se recopiló documentación a través de la cual se informaba a los alumnos lo siguiente:
- Quienes no se matriculaban en las fechas establecidas debían efectuar un pago adicional, por concepto de “matrícula extemporánea”.
- Ante el incumplimiento de pago de pensiones en las fechas programadas, los alumnos debían efectuar el pago de los intereses moratorios correspondientes, de acuerdo al límite máximo establecido por el Banco Central de Reserva del Perú y un monto por concepto de penalidad única por cuota.
- La matrícula extemporánea estaba sujeta al pago de una penalidad ascendente a S/. 20,00 nuevos soles.

Sobre este tema, la universidad investigada alegó en su defensa que los alumnos habían sido informados antes de la matrícula sobre el pago de las mencionadas penalidades, asumiendo el compromiso de cumplir con dichas disposiciones. Añadió que el cobro de tales montos se encontraba sustentado en el artículo 1341° del Código Civil.

La Comisión halló responsable a la universidad por infringir lo establecido en el artículo 1.1° literal c) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al haber quedado acreditado que, adicionalmente al pago de los intereses moratorios de acuerdo a lo establecido por el Banco Central de Reserva del Perú, requería el pago de una penalidad, superando el límite máximo establecido para tales efectos. Este pronunciamiento fue apelado por la institución educativa la cual reiteró los argumentos presentados ante la primera instancia. Asimismo, indicó que los hechos materia de denuncia no había causado perjuicio a los alumnos.

La Sala consideró oportuno precisar, en primer lugar, que las instituciones educativas se encuentran facultadas para requerir el pago de intereses moratorios en los casos de incumplimiento de las obligaciones económicas asumidas por los consumidores, siendo la tasa máxima para este tipo de interés la establecida por el Banco Central de Reserva del Perú. 

Luego de realizar dicha precisión, correspondía analizar la verdadera naturaleza del cobro por penalidad efectuado por la Universidad. Así, de acuerdo a la información recabada por la Secretaría Técnica, se advirtió que, al margen de la denominación otorgada, el requerimiento de pago por concepto de penalidad tenía por finalidad conminar a los alumnos al pago oportuno de las pensiones de enseñanza, por lo que cumplía una función indemnizatoria al igual que el interés moratorio. En ese sentido, en aplicación del principio de primacía de la realidad establecido en el artículo V del Código de Protección y Defensa del Consumidor, correspondía asumir dicho cobro como intereses moratorios adicionales.

Considerando que la Universidad aplicaba la tasa máxima permitida a los intereses moratorios determinados, la suma de un valor adicional bajo el concepto de penalidad originaba que el monto finalmente cobrado por tales intereses exceda los límites establecidos por la legislación vigente, vulnerándose de esta forma las normas de protección al consumidor.

Finalmente, la Sala precisó que no desconocía la facultad de las instituciones educativas para determinar la imposición de penalidades frente a incumplimientos contractuales. Sin embargo, en el caso bajo análisis se evidenció que la penalidad impuesta constituía en realidad el cobro de intereses compensatorios, por lo que el valor total de los mismos no debía superar los límites establecidos para tales efectos.

Este pronunciamiento es de interés en tanto permitió a la Sala precisar los siguientes aspectos:
(i) Las instituciones educativas se encuentran facultadas para convenir el pago de intereses moratorios con los consumidores, frente al incumplimiento de las obligaciones económicas asumidas. 
(ii) La tasa aplicable en caso de intereses convencionales debe observar los límites máximos establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú. 
(iii) Al margen de la denominación que reciban, todos los cobros que realice una entidad educativa con finalidad indemnizatoria frente al incumplimiento de pago, serán catalogados como cobro de intereses moratorios, por lo que no podrán superar los límites establecidos para este tipo de interés. 

Para tener acceso al texto completo de la resolución en PDF, puedes ingresar al siguiente enlace.

28/4/15

[Enlace] Competencia y Estudios de Mercado en América Latina



* Por César Ordinola, para la sección Enlaces de Perú Consume.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), foro donde diversos gobiernos del mundo trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización, ha elaborado un informe sobre los denominados "estudios de mercado" que las agencias de competencia pueden realizar para evaluar los mercados en los cuales se presentan distorsiones a la competencia que no son causadas por violaciones a la normativa que proscribe las prácticas anticompetitivas en el mercado.

En específico, el estudio presenta los casos de Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú, evaluando el marco jurídico actual de cada país y algunas prácticas que se han realizado, emitiendo asimismo recomendaciones para mejorar estas experiencias.

El informe analiza el marco legal bajo el cual actúan diversas entidades gubernamentales, las características de los estudios de mercado que han realizado en años recientes así como los resultados obtenidos y las acciones adoptadas por los gobiernos.

En el caso peruano, el estudio evalúa las labores desplegadas por el INDECOPI y el OSIPTEL, identificando algunos casos analizados por ambas entidades; sin embargo, resalta que en ambos casos las instituciones no realizan un seguimiento de los resultados de sus estudios de mercado; a diferencia de otras autoridades como la Comisión Federal de Competencia Económica de México o la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá; quienes promueven labores educativas posteriores, recomendaciones a los gobiernos y acciones de cumplimiento voluntario por parte de las empresas involucradas en el estudio.

Posteriormente, el informe de la OECD presenta algunas experiencias de estudios de mercado exitosos de otros países, en los que se incluyen réplicas realizadas por la Federal Trade Comission de USA y la Competition Markets Authority el Reino Unido.

Finalmente, el estudio esboza algunas recomendaciones de mejora vinculadas a las facultades legales de las agencias de competencia estudiadas, los recursos de estas entidades, la relación con los interesados, el rol del gobierno en asegurar que los estudios de mercado sean útiles y exitosos, así como la evaluación ex post de los resultados de este tipo de prácticas.

Para revisar el informe completo de la OECD, puedes acceder al siguiente enlace

27/4/15

[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Defensoría del Consumidor Automotor


* Por Jakelyn Chacaltana, para la sección Iniciativas Gremiales y Ciudadanas de Perú Consume.

¿Qué es la Defensoría del Consumidor Automotor?
La Defensoría del Consumidor Automotor (DCA) es una instancia privada que permite a los consumidores de las empresas del sector automotor la búsqueda de pronunciamientos especializados y conciliadores a los reclamos que puedan presentarse en esta actividad económica.

La finalidad de esta entidad es promover la conciliación de los reclamos entre las empresas del sector automotor afiliadas y el consumidor de manera rápida, especializada y gratuita.

¿Cómo funcionan los reclamos ante la DCA?
- Los reclamos deben ser presentados por escrito o correo electrónico directamente a la DCA, adjuntando la documentación correspondiente con la que cuente el consumidor reclamante, dentro del plazo máximo de noventa (90) días calendarios, el cual será computado desde la fecha en que realizó el requerimiento previo al proveedor.

- El expediente será evaluado y se actuarán los medios probatorios presentados, de este modo la DCA emitirá una resolución que pone fin al reclamo, en un plazo máximo de 60 días hábiles, salvo la complejidad del caso.

- En el caso que la DCA resuelva a favor del consumidor automotor, el proveedor está obligado a dar cumplimiento de su reclamo. En caso de que ello no suceda, el consumidor podrá recurrir a otras instancias.

- En caso el consumidor haya presentado ante otra autoridad administrativa, judicial o arbitral, no podrá presentar su reclamo ante la DCA.

En el siguiente link encontrará el formulario para presentar el referido reclamo: http://www.dca.org.pe/formulario-de-reclamo/

Algunos datos adicionales sobre la DCA:
Dirección: Av. Javier Prado Oeste # 278, San Isidro
Teléfono: (511) 640-3656
Email: secretaria@dca.org.pe
Horario de Atención:
Lun. - Vie. 9:00 a 13:00
Lun. - Vie. 14:30 a 16:00

Para mayor información pueden acceder a la página web de la DCA en el siguiente enlace: http://www.dca.org.pe/

16/4/15

4 años de Perú Consume [por César Ordinola]


Hoy Perú Consume cumple 4 años. Desde que esta aventura se inició como un blog cuyo norte oscilaba entre brindar información y reflexionar sobre temas variados ligados a protección al consumidor, muchas cosas han cambiado y evolucionado. En el camino que hemos recorrido, se han ido sumado experiencias de diversa índole, manos que han apostado por creer y pertenecer a este proyecto, pero sobre todo, encontramos la motivación para continuar con un sueño: generar un cambio en nuestra sociedad a través del fomento de la cultura de consumo.

Empezamos el 16 de abril de 2011 con el objetivo de crear un portal informativo sobre temas vinculados a protección al consumidor. Con Evelyn Chumacero, co-fundadora de Perú Consume, notamos la ausencia de un canal que exponga de forma simple y clara, los temas que nos preocupan a todos aquellos que participamos de una u otra manera en el fenómeno del consumo. Bajo esta premisa, las primeras entradas de nuestro blog fueron noticias, enlaces, normas, los primeros ABC Perú Consume y cursos, todos contenidos orientados a condensar en un solo site la información que se encontraba aislada en diversos sitios de la web y que visibilizaran el hecho que los temas de protección al consumidor iban ganando un lugar importante en el mundo virtual.

Por aquella época, lanzamos la campaña “Se busca: Libro de Reclamaciones”, para generar conciencia en la ciudadanía sobre el polémico mecanismo que se hizo obligatorio para todos los proveedores en el mercado por esos meses. A raíz de esta grata experiencia, empezamos a pensar en otra forma de lograr una conciencia colectiva sobre la relevancia de la protección al consumidor en nuestro país. Se empezaba a gestar nuestra idea de una verdadera cultura de consumo.

Casi a finales del 2011, organizamos nuestro primer evento académico en la Pontificia Universidad Católica del Perú: “Consumidor y Estado: Normas, Políticas yProcedimientos”, el cual nos permitió descubrir en el mercado un público ávido de eventos especializados en los temas de protección al consumidor. Contamos en dicha oportunidad con especialistas del INDECOPI que desde la óptica estatal abordaron temas como el origen del Código de Protección y Defensa del Consumidor, las nuevas políticas públicas que dicha norma consagró a nivel legal y aspectos prácticos de los procedimientos administrativos sancionadores que el Estado pone a disposición de los particulares para solucionar sus conflictos de consumo.

Al finalizar el 2011, dejamos la forma de un blog para transformarnos en el portal www.peruconsume.com y empezamos a realizar entrevistas y presentar opiniones, ampliando el espectro de la información que publicábamos. Asimismo, emprendimos tímidamente la exposición de nuestros contenidos en las redes sociales Facebook y Twitter, canales que posteriormente se constituirían en pilares claves de la difusión de nuestras labores.

Empezamos el 2012 organizando nuestra segunda conferencia en la Cámara de Comercio de Lima: “El Libro de Reclamaciones: Antecedentes, Balance yFuturo”. Logramos congregar a especialistas del sector público y privado que nos ofrecieron visiones críticas para generar el debate académico que los temas de consumo ameritan. En paralelo, mantuvimos nuestras publicaciones informativas en el portal y gracias a las dos experiencias académicas previas, comprendimos que el reto de la protección al consumidor en el Perú requiere de dos pilares claramente definidos: información y educación.

En el transcurso del segundo año de Perú Consume organizamos dos conferencias más: “Consumidor y Publicidad: Competencias, casuísticay nuevas tendencias” y “Consumidor y Servicios Financieros: Análisiseconómico, regulación y jurisprudencia”. En ambos eventos tuvimos la oportunidad de contar con abogados del sector privado, funcionarios del sector público, representantes de la autorregulación y especialistas en insights que abarcaron temas desde la nueva regulación en sectores específicos, jurisprudencia del INDECOPI y del CONAR hasta marketing emocional. El balance de este año fue muy gratificante al ver que otras asociaciones de consumidores, el propio Estado y asociaciones privadas empezaron a colocar en sus agendas eventos académicos de debate sobre los temas de consumo.

A inicios del año 2013 realizamos nuestra primera convocatoria para colaboradores externos, con miras a construir un grupo que contribuya cada vez más a los dos ejes fundamentales de nuestro proyecto: informar y educar. Fue en esta época que hizo su ingreso Walter Alvarez, nuestro actual Coordinador General, quien ha contribuido extensamente en el desarrollo de lo que hoy es Perú Consume.

A mediados del mismo año, realizamos una nueva conferencia en la PUCP: “Consumidor y Regulación: ¿protección osobreprotección?”, bajo el formato de tres mesas de debate en las que enfrentamos académicamente a especialistas para comentar la regulación de servicios financieros y dos polémicas propuestas normativas: el proyecto de ley de insolvencia familiar y la tan mediática ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, más conocida como “ley de la comida chatarra”. Contamos en dicha oportunidad con profesionales del sector público, representantes de asociaciones de consumidores, abogados del sector privado y académicos e investigadores que presentaron sus respectivas miradas sobre los temas señalados.

En agosto del 2013 empezamos una nueva e importante sección dentro de nuestro portal informativo: los blogs de Perú Consume. Partiendo de la idea que era importante dar vitrina a nuevas opiniones sobre protección al consumidor, publicidad, propiedad industrial y Derecho de la competencia en general; apostamos por tener colaboradores externos regulares que, gracias a sus contenidos, abordaran diversos temas desde ópticas muy particulares. La experiencia de nuestros bloggers es, hasta el día de hoy, una muestra de la pluralidad que creemos que el debate académico debe poseer. Estamos seguros que conocer y comprender otros puntos de vista distintos a los voceros tradicionales del Estado o a la clásica doctrina académica fomenta el interés tanto de especialistas como de ciudadanos que desean profundizar en estos apasionantes temas.

Empezamos el 2014 con una nueva convocatoria de colaboradores y nuestro primer concurso por el día mundial del consumidor: “Al consumidor, en su día”. Asimismo, en el segundo semestre del año pasado, iniciamos nuestras secciones de Jurisprudencia, Actualidad Económica, Iniciativas gremiales y ciudadanas, Proyectos Normativos y Entrevistas gracias al continuo esfuerzo de nuestros colaboradores internos y al apoyo de especialistas externos.

Al llegar a nuestro tercer aniversario, la principal preocupación del grupo fue fortalecer una propuesta para la sociedad que tenga una finalidad específica en el desarrollo del consumo. Luego de un período de reflexión profunda y de efectuar un balance de lo aprendido en los años previos, llegamos a consolidar la forma actual que posee el grupo, así como la misión y visión del mismo. Hoy tenemos claro que Perú Consume es una iniciativa ciudadana que fomenta la cultura de consumo, entendiendo ésta como el conocimiento que poseen consumidores, proveedores y el Estado sobre el impacto de sus decisiones en el mercado. Asimismo, hoy sabemos que las actividades de nuestro grupo se encuentran orientadas a informar y educar a la sociedad para fomentar la cultura de consumo.

Al finalizar el 2014 tuvimos dos experiencias académicas interesantes. La primera de ellas fue empezar nuestras actividades de talleres con estudiantes de pre grado, ingresando el debate académico de los temas de consumo en las aulas universitarias donde muchas veces la protección al consumidor es una parte minúscula de la currícula. La segunda experiencia fue la oportunidad de co-organizar con el Taller de Derecho Mercantil de la PUCP el evento: “Seminario de Protección al Consumidor: nuevasperspectivas y desafíos”, espacio donde empezamos a difundir el concepto de cultura de consumo que proponemos.

Hemos iniciado este 2015 con la segunda edición del concurso por el día mundial del consumidor: “Celebremos nuestro día”, así como la inauguración de nuestro primer blog colectivo externo “Cultura de Consumo” en el portal web Enfoque Derecho de Themis, asociación de estudiantes de la facultad de Derecho de la PUCP.

Para el 2015, los desafíos en Perú Consume seguirán y nos hemos propuesto continuar con nuestro portal web informativo, con los contenidos de normas, jurisprudencia, iniciativas, proyectos normativos, entrevistas, ABC Perú Consume, enlaces y actualidad económica; elementos que brindan información sobre los temas que impactan en el consumo. De igual modo, continuaremos con nuestros blogs para seguir exponiendo diversas opiniones sobre protección al consumidor, publicidad, neuromarketing, propiedad intelectual y otros temas que fomentan la cultura de consumo. Asimismo, nos encontramos en pleno desarrollo de un par de eventos de la mano con dos de las más prestigiosas asociaciones de estudiantes de Derecho del país, para seguir contribuyendo con el debate académico y la educación de la sociedad peruana.

Estos 4 años han sido un tiempo de retos para todo el equipo de Perú Consume. Sirvan estas líneas también para agradecer a cada uno de los colaboradores, bloggers y especialistas externos que han sido parte de alguna u otra manera de Perú Consume. Definitivamente, el sueño de generar un cambio a través del fomento de la cultura de consumo sería imposible sin cada uno de sus sacrificios, palabras de aliento, ideas innovadoras y trabajo continuo que realizan en paralelo a sus vidas profesionales y personales. Perú Consume es una iniciativa ciudadana que va creciendo cada vez más y estoy seguro que todas las labores desplegadas nos seguirán brindando la satisfacción de poder contribuir con un grano de arena en la difícil tarea de ser una mejor sociedad para nosotros y para las generaciones venideras.

¡Feliz cuarto aniversario, Perú Consume! Este es sólo el inicio de la revolución y re-evolución del consumo.

César Ordinola, abril de 2015


Esta entrada es parte del blog "#YoConsumo" a cargo de César Ordinola.


2/3/15

Concurso: "Celebremos nuestro día"


Con motivo del próximo 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, Perú Consume organiza el concurso "Celebremos nuestro día".


¿Cómo participar?

Puedes participar a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter:


En Facebook:
Paso 1: Debes ser seguidor del fan page de Perú Consume.
Paso 2: Comparte uno de los contenidos del fan page de Perú Consume en tu perfil personal colocando el hashtag #concursoPC

En Twitter:
Paso 1: Debes ser seguidor de Perú Consume en Twitter.
Paso 2: Retuitea alguno de los tweets de Perú Consume colocando el hashtag #concursoPC

¿Cuáles son los premios?

Primer premio: Libro "Desnudando la mente del consumidor" de Cristina Quiñones.

Segundo premio: Una entrada doble para toda la cadena "Cineplanet" (no salas Prime) a nivel nacional, válida hasta el 31 de julio de 2015.

¿Hasta cuándo puedes participar?
Desde las 08:00 horas del 2 de marzo hasta las 14:00 horas del 15 de marzo de 2014.

¿Cuáles son las condiciones del concurso?
Para participar en el sorteo será necesario contar con Documento Nacional de Identidad (DNI) el cual se solicitará a los ganadores.

Cada contenido del fanpage o tweet compartido genera una opción para participar en el sorteo. ¡A más contenidos compartidos, más opciones para ganar!

¿Cuándo se realizará el sorteo?
El sorteo de llevará a cabo el día 15 de marzo, Día Mundial del Consumidor, a las 15:00 horas y se anunciará a los ganadores en los perfiles de Perú Consume de Facebook y Twitter.

Perú Consume se pondrá en contacto con los ganadores mediante la red social que participaron.

¡Anímate a participar y fomenta la cultura de consumo!

27/2/15

Entre Pisco y Nazca: un trago amargo para las denominaciones de origen [por Alvaro Ocampo y Piero Arias]

Recordemos aquellas noches de sana diversión en las que, con lo ahorrado de los pasajes del mes, armábamos la chanchita para comprar un trago rendidor y que “empile” rápido. Llegábamos a la reja de esa tienda en la que no pedían DNI y solicitábamos cortésmente nuestro fiel trago bandera: “Deme un pisco por favor…un Varg ¿Qué?, ¿qué Vargas no es pisco? #wtf!


Recientemente la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI nos tumbó la infancia al determinar que el “Pisco Vargas” no  contaba con las características para serconsiderado bajo la denominación de origen pisco, lo que, en buena cuenta, significa que habíamos estado tomando cualquier cosa, menos pisco.

En ese contexto, debes estar preguntándote: (i) ¿Qué es una denominación de origen?; (ii) ¿Por qué es importante?; (iii) ¿Qué pasó en el caso Vargas?; y (iv) ¿Por qué $%&*# no dejan chupar tranquilo? Desarrollaremos brevemente cada una de estas cuestiones en el presente post -bueno, quizás la cuarta no-.


Una denominación de origen (en adelante, D.O.) es la asociación de un producto al nombre de una región o lugar específico de un país determinado (o incluso al país en general), pero no solo refiere a la ubicación geográfica, sino que implica que el producto tiene ciertas características especiales por las condiciones propias del espacio geográfico en el que se produce [1] [2]. Es por ello que a las D.O. se les conoce también con el nombre de “terroir” -que no significa meter terror en francés- o cómo se conoce en Hispanoamérica, el “terruño”.

Si aún no queda claro qué es una D.O., solo recuerda el año nuevo y ese dulce vino espumante al que llamabas “Champagne”. Lo que quizás no sabías es que el Noche Buena, que orgullosamente poníamos en nuestra mesa, no era ni por asomo un verdadero “Champagne”, pues éste solo se produce en la región de Champaña en Francia y puede costar más que una remuneración mínima vital.

Las denominaciones de origen son importantes para un país, pues ofrecen una serie de ventajas económicas, tales como diferenciar el producto en el mercado nacional e internacional, facilitar la penetración del producto en nuevos mercados y otorgar valor agregado [3].


Asimismo, estimula la demanda y constituye un mecanismo eficaz para la promoción de los productos nacionales, permitiendo exponer su calidad y garantía. Ello, por lo menos tiene dos efectos importantes en los consumidores: por un lado, les da la certeza sobre la calidad estándar del producto que están comprando y que ésta se mantendrá constante. Y por otro, traslada información valiosa sobre la elaboración y características del mismo.

Es por estas razones que es importante que no se altere el procedimiento o que cualquier productor -fuera del medio geográfico o ignorando el procedimiento artesanal- obtenga la D.O. Ello, no haría más que afectar el prestigio del producto destruyendo precisamente ese valor agregado que se logra con la denominación. Lo que viene sucediendo con el pisco, respecto del cual podría advertirse una crisis debido al mercado informal y la falta de fiscalización, como se puede ver aquí y aquí.

En líneas generales, las D.O. son de titularidad del Estado y es éste quien le otorga a un productor la facultad de asignarle a sus productos esta denominación en función a que sean provenientes del terruño y que cumplan con los estándares de producción y calidad propios de ella. En nuestro país, esta tarea ha sido encomendada al INDECOPI, en particular a la Comisión de Signos Distintivos, quien en colaboración con una asociación privada autorizada (Ej. el Consejo Regulador del Pisco) determinarán qué productos son aptos para ostentar una D.O. y las infracciones correspondientes, de ser el caso.

El Reglamento de la Denominación de OrigenPisco establece que el pisco es el producto obtenido exclusivamente por destilación de mostos frescos de “Uvas Pisqueras” (Quebranta, Negra Criolla, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel y Uvina) recientemente fermentados, utilizando métodos que mantengan los principios tradicionales de calidad; y producido en Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los Valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna. Asimismo este reglamento señala que el pisco debe tener ciertas propiedades físico-químicas, así como tener un color, aroma y sabor particular (propiedades organolépticas).

En el caso de Vargas, los expertos del Consejo Regulador del Pisco informaron al INDECOPI que algo extraño pasaba con ese presunto pisco. Ante ello, se tomaron muestras en el supermercado y, luego de un análisis, se determinó que el producto Vargas no cumplía con los requisitos fisicoquímicos de acidez volátil, alcohol metílico ni con el requisito organoléptico del sabor establecidos en el Reglamento. En consecuencia, se sancionó a la empresa productora con 10 UITs y prohibió que el producto utilice la D.O. pisco (cabe preciar, que la resolución ha sido apelada) [4].

Según algunos entendidos, esas características podrían deberse a que la empresa productora del “pisco” Vargas podría estar adulterando su producción añadiendo agua, destilados de caña, cascaras de uva o uvas de mesa (no pisqueras) como se puede leer aquí. De ser el caso, esta situación resulta más grave de lo que parece porque una de las pocas cosas que nos distinguen como nación son justamente nuestros insumos y gastronomía. Con conductas como ésta, los peruanos nos hacemos autogol y laceramos uno de nuestros grandes intangibles.

Si bien difícilmente tendremos la suficiente pericia para determinar cuando estamos frente a un verdadero pisco y cuando no, creemos que nuestro curtido paladar y garganta en muchos casos sí podría ser capaz de notar cuando un presunto pisco “no paaasaa”. Así, ante algún sabor extraño o una fuerte sensación alcohólica evidente, lo recomendable sería que como consumidores acudamos ante el Consejo Regulador, para que éste y sus catadores expertos analicen el producto y, de ser el caso, reporten al INDECOPI la situación. De esta forma, podríamos evitar que productores inescrupulosos malogren la fina experiencia que puede resultar de beber un buen ejemplar de nuestro destilado bandera. Ahora solo nos queda… ¡Un salud por todas esas infancias que se quebraron al conocer que Vargas no era pisco!


Alvaro Ocampo / Piero Arias, febrero de 2015

Referencias:

[1] CHÁVEZ PICASSO, Jorge. “¡Un tequila por el pisco! La protección comunitaria Andina de las denominaciones de origen”. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual Nº 6. 2011, p. 11.

[2] Artículo 201º de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

[3] ARANA, Maria del Carmen. “Las denominaciones de origen: una metodología para su reconocimiento”. En: Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual. 2005, p. 190.

[4] La empresa denunciada productora del pisco Vargas fue Agrícola Viña Vieja Viña Santa Isabel S.A.C. El Expediente fue el 561601-2014 y la Resolución N° 3021-2014/CSD-INDECOPI.

Memes realizados en imgflip bajo la excepción de parodia.

Esta entrada es parte del blog "Consumo No Rival" a cargo de Alvaro Ocampo y Piero Arias.


10/2/15

Fausto, Mefistófeles y las cláusulas abusivas [por Evelyn Chumacero]


Fausto es el protagonista de una leyenda alemana que sirvió de inspiración a numerosos artistas. Músicos y literatos se dejaron envolver por la historia de este personaje que, cansado e insatisfecho de la vida que llevaba, firmó con su propia sangre, un pacto con el diablo, Mefistófeles. De esta forma Fausto entregó su alma a cambio de disfrutar de los placeres que le ofrecía el mundo y lograr el conocimiento ilimitado.

Pero la historia de Fausto va más allá de la ficción. Cuentan que este hombre existió en realidad y su nombre habría sido Johann Georg Faust. Nacido en el año 1480 en la ciudad de Knittlingen, dedicó su vida a la ciencia en búsqueda de la sabiduría y murió producto de una explosión ocasionada por su juego con sustancias químicas. También se dice que era común verlo acompañado siempre de dos perros que, según creían, eran en realidad dos demonios.

Tal vez una de las obras más conocidas sobre este misterioso científico es la escrita por el alemán Johann Wolfgang von Goethe, publicada en dos partes, entre 1806 y 1832, obra que, a juicio de los entendidos, representa una parábola sobre temas como el conocimiento científico, la ciencia, la religión, el poder y el amor.

En la historia narrada por Goethe, Fausto, luego de firmar el pacto de sangre, se enamora de una bella joven llamada Margarita a quien logra seducir con la ayuda de Mefistófeles, pero el final de la muchacha es terrible. Acongojada por la pérdida de su madre, quien muere al ingerir una poción que le suministró para adormecerla y lograr pasa la noche con su amado, es testigo del asesinato de su hermano a manos del científico y el diablo. Desesperada ante esta situación, decide ahogar al hijo fruto de sus amoríos y es condenada por ello. Fausto intenta por todos los medios salvarla, pero sus esfuerzos son inútiles y Margarita muere en sus brazos.

La decisión tomada por Fausto de ofrecer su alma al demonio podría ser calificada como irracional, si tomamos en cuenta que los beneficios que obtuvo por dicho acuerdo no superaban en lo más mínimo el costo que, finalmente, debió asumir. Pese a ello, aceptó libremente el trato que muchos calificaríamos como abusivo.

En nuestros días, la legislación en materia de protección al consumidor asume la existencia de “consumidores Faustos”, que se ven sometidos frente a contratos que contienen cláusulas que no son ventajosas para ellos y que ocasionan perjuicio a sus intereses, calificándolas como abusivas.

Según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, nos encontramos frente a una cláusula abusiva cuando, en los casos de contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se presentan estipulaciones no negociadas individualmente que colocan al consumidor en una situación de desventaja o desigualdad, o tengan como consecuencia la anulación de alguno de los derechos que le son reconocidos [1].

Sobre el particular, la Sala Especializada en Protección al Consumidor del INDECOPI ha señalado que la tipificación de estas cláusulas tiene por finalidad “corregir la asimetría informativa existente entre proveedores y consumidores, a través de la imposición de un estándar mínimo de calidad del contrato que mejore la situación que el mercado no puede corregir" [2].

A nuestro modo de ver, la finalidad que se persigue con la imposición de un estándar en las cláusulas de los contratos va más allá de una corrección de asimetría. En primer lugar, debemos llamar la atención sobre un punto conceptual a ser tomando en cuenta. La asimetría informativa entre consumidores y proveedores no debe ser objeto de corrección. Siempre existirá una diferencia entre el nivel de información con la que cuenta el consumidor respecto de aquella que posee el proveedor, por el nivel de especialización de este último en el bien o servicio comercializado. Por ello, la idea aquí no es corregir sino evitar que esta diferencia de información sea utilizada de forma maliciosa por el proveedor y perjudique al consumidor.

La existencia de cláusulas abusivas puede ser corregida, en cierta forma,  por el propio mercado si el consumidor asume con responsabilidad las consecuencias de cada uno de los contratos que celebra, logra comprender a cabalidad el contenido de los documentos que firma, se informa adecuadamente de la oferta y logra captar los beneficios y costos de cada una de sus transacciones ¿Un consumidor diligente aceptaría un contrato que lo perjudica o buscaría otro proveedor con una oferta más favorable? La respuesta es más que evidente.

Estoy segura que, en este punto, algunos dirán que, en el marco de una sociedad como la nuestra en la que existe una evidente desigualdad entre los ciudadanos y personas vulnerables como adultos mayores, analfabetos o personas con alguna discapacidad, existen incentivos para que algunos malos proveedores aprovechen dicha situación para obtener indebidamente ventajas económicas. Sin embargo, si analizamos la casuística, veremos que las denuncias presentadas por presuntas cláusulas abusivas no involucran a personas que merezcan una especial protección del Estado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad o desigualdad.

Por otro lado, ¿qué ocurre cuando el consumidor, en ejercicio de su libre albedrío decide asumir esa desventaja como parte del precio que pagará por el bien o servicio que desea? Esta situación podría llevarnos a esbozar una hipótesis interesante para un análisis más profundo que evidenciaría que los consumidores, en su mayoría, no acostumbran a leer los contratos antes de firmarlos y que acuden ante la autoridad al encontrar alguna disposición con la que no se encuentran de acuerdo, aduciendo la existencia de una cláusula abusiva, pese a que en su momento tuvieron la oportunidad de rechazarla.

De esta manera, si bien estamos de acuerdo en que las cláusulas que perjudican al consumidor y que son incluidas de forma deliberada en los contratos elaborados por malos proveedores en su propio beneficio deben ser declaradas inválidas, consideramos que resultaría mucho más eficiente iniciar un trabajo de educación que proporcione herramientas suficientes al consumidor para que, al igual que Fausto, se encuentre en la capacidad de decidir, de manera libre, consciente y responsable, si está dispuesto a asumir los costos de las transacciones que realiza. Nadie mejor que el propio consumidor conoce cuáles son sus necesidades y deseos pero sobre todo, cuanto también puede estar dispuesto a perder por lograr su satisfacción.

Evelyn Chumacero, febrero de 2015

Referencias:

[1] LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 
49.1. En los contratos por adhesión y en las cláusulas generales de contratación no aprobadas administrativamente, se consideran cláusulas abusivas y, por tanto, inexigibles todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que, en contra de las exigencias de la buena fe, coloquen al consumidor, en su perjuicio, en una situación de desventaja o desigualdad o anulen sus derechos.

[2] Resolución N° 078-2008/SC2-INDECOPI del 11 de enero de 2012, emitida en el marco del procedimiento seguido por Baldo Kresalja Rosello contra Foto Digital S.A.


Fotografía del post tomada de aquí.

Esta entrada es parte del blog "Del consumo y otros demonios" a cargo de Evelyn Chumacero.


4/2/15

[Actualidad Económica] Las cooperativas de ahorro y crédito en la mira


* Por Carlos Viguria, para la sección Actualidad Económica de Perú Consume.

A partir de las investigaciones realizadas a dos cooperativas, se ha logrado advertir un vacío en la supervisión de las Cooperativas de ahorro y crédito (CAC) que funcionan en el país. Una de estas investigaciones está vinculada a la organización criminal liderada por Rodolfo Orellana la cual permitió conocer las gestiones realizadas por la Cooperativa de ahorro y crédito para Empresas Exportadoras (COOPEX) que fue fundada por el mismo Orellana y que actualmente es sindicada como una “empresa de fachada” para el lavado de activos según lo informado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo se acusa a esta cooperativa ser utilizada para la comisión de otros actos ilícitos tales como estafa, falsa declaración en procedimiento administrativo y asociación ilícita para delinquir. Los cuestionables manejos de esta cooperativa ya habían sido advertidos por la UIF pero nada pudieron hacer al no existir documentación pues “esta se había perdido”.

Otra investigación también importante sobre cooperativas fue revelada en junio por la Revista Poder, la cual denunció malos manejos administrativos y financieros en la Cooperativa de ahorro y crédito Parroquia San Lorenzo los que podrían llevarla a la quiebra. Asimismo se reveló que también era utilizada para el lavado de activos y vincula a sus principales funcionarios con organizaciones criminales.

Estas noticias han contribuido a que se haya generado un debate respecto a la adecuada supervisión que deben tener las CAC en el Perú y las competencias que deben ejercer las dos instituciones encargadas de la supervisión de estas instituciones. Actualmente la supervisión de las cooperativas se encuentra a cargo de la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) mientras que la función reguladora está a cargo de la SBS.

El sistema actual presenta diversos problemas, entre ellos la falta de supervisión a todas las CAC que operan en el país. En efecto, el número de CAC actualmente supera las 330 y tan solo 90 de ellas se encuentran bajo supervisión de la FENACREP. Es decir, existen 240 que no cuentan con ninguna supervisión. Empero, el número total de cooperativas sería menor según el Listado de Cooperativas de Ahorro y Crédito publicado por FENACREP. De acuerdo a esta nist acson 164 cooperativas en total de las que 81 están afiliadas a FENACREP (pero cabe resaltar que no todas son supervisadas por ella). 83 de estas cooperativas no están afiliadas a FENACREP.

Otro tema importante que ha sido señalado por la SBS es la falta de protección a los socios ahorristas de una CAC pues sus ahorros no cuentan con un fondo de protección similar al Fondo de Seguros de Depósitos de las entidades supervisadas por la SBS. Cabe agregar que estos ahorros se encuentran expuestos a los mismos riesgos que las entidades financieras que captan el ahorro del público, por lo que requieren contar con medidas de seguridad como lo es un fondo de seguro de depósito que protegen sus ahorros en caso de quiebra de la cooperativa.

Actualmente existe un Dictamen del Congreso de la República que aprueba dos proyectos de ley que permitirá a la SBS poder supervisar a las CAC. A través de estos proyectos se establecerá un modelo de supervisión mixto y auxiliar de las CAC. Bajo este sistema, la SBS ejercerá las funciones de regulación, sanción e intervención con el apoyo de FENACREP para la realización de determinadas labores de control e inspección.

Los proyectos de ley buscan modificar la Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Dentro de las principales modificaciones se encuentran las siguientes:

1. Precisión de las características de las CAC, por lo que solo podrán captar depósitos de sus socios cooperativistas y no autorizándoles a captar dinero del público.

2. La supervisión y regulación de las CAC estaría cargo de la SBS, la que podrá realizar la labor de supervisión directamente o a través de la FENACREP u otros organismos de grado superior.

3. La SBS estará facultada para emitir la regulación que considere pertinente para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 26702. La SBS dictará normas de control y gestión, límites y prohibiciones, condiciones para la distribución de excedentes o remanentes, niveles de reservas y otros aspectos del régimen económico; establecerá y regulará sus operaciones, dictará normas y establecerá medidas prudenciales, preventivas y correctivas; establecerá la composición y computo del patrimonio efectivo; límites operativos; transparencia de la información; normas de constitución e inicio de operaciones, estatuto de las CAC, idoneidad, contabilización, régimen de sanciones, de intervención y disolución y demás aspectos necesarios para el funcionamiento solvente y sólido de dichas cooperativas y para su total supervisión, incluyendo la facultad de determinar las cuotas de supervisión a la SBS.

4. Aplicación de disposición sobre protección del ahorro y garantías, secreto bancario y centrales de riesgo conforme a su naturaleza y según las normas que dicte la SBS.

5. Vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera por lo que deberán cumplir con las normas legales vigentes sobre prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

6. Creación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo exclusivo para las CAC que capten ahorros de sus socios.

7. Creación del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito a cargo de la SBS.

Pese a que el Dictamen fue aprobado por la Comisión de Economía del Congreso en septiembre de 2013, aún se encuentra pendiente de debate en el pleno del Congreso. Mientras ello continúa en pausa, continúan apareciendo noticias en los medios de comunicación en donde informan que existen CAC que están captando depósitos de CTS sin contar con los parámetros establecidos por la SBS en la Resolución SBS Nº 12321-2010. Asimismo, Daniel Schydlowsky, superintendente de la SBS, ha manifestado su preocupación sobre el riesgo asociado de la creación de CAC para el lavado de dinero, por lo que llevaría a ser un gran problema para el sistema financiero peruano.

En ese orden de ideas, la modificación de la Ley Nº 26702 debe ser discutida por el Congreso a la brevedad pues la regulación y adecuada supervisión de las CAC merece toda la atención respectiva puesto que son entidades microfinancieras de importancia. De acuerdo a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), las cooperativas participan con el 26.4% de los créditos y 27.28% de los depósitos a nivel mercado microfinanciero. De acuerdo a René Manrique, presidente de la CONFENACOOP, este sector se ha convertido en un poderoso vehículo de inclusión financiera de emprendedores y consumidores que permite integrar a más de dos millones de consumidores, de los cuales 699 mil son mujeres. En ese sentido, promover una mejor supervisión de estas entidades microfinancieras permitiría la continuidad de estas entidades que promueven la inclusión financiera y asimismo lograría combatir adecuadamente el lavado de activos y la comisión de otros delitos.

Imagen del post tomada de aquí.

13/11/14

[Iniciativas gremiales y ciudadanas] Sistema de Relaciones con el Consumidor




El Sistema de Relaciones con el Consumidor (SRC), es una iniciativa de la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) que busca mejorar la comunicación con sus clientes, brindando información de sus productos y servicios a través de mensajes simples, lo que les permitirá tomar mejores decisiones de consumo.

A través de mecanismos de autorregulación gremial, el SRC propone a sus adherentes lineamientos de mejora a los problemas más reclamados por los consumidores, los cuales pueden ser sancionados en caso de incumplimiento. 





Hablemos más simple

En el 2012, el SRC inició la campaña denominada “Hablemos más simple”, con la finalidad de promover de manera didáctica términos y conceptos financieros. De ésta manera se empezaron a difundir los conceptos Tasa de Interés de Costo Efectivo Anual (TCEA) y la Tasa de Interés de Rendimiento Efectivo Anual (TREA), y se incorporaron en las piezas publicitarias de prensa escrita la ‘‘Franja de Compromiso’’, que incluyen además de las tasas de interés de forma destacada, las características del producto que se oferta.






Sello de Compromiso

El ‘‘Sello de Compromiso’’ es un distintivo que identifica a las empresas adherentes al SRC que respaldan la campaña ‘‘Hablemos más simple’’, la misma que puede ser utilizada no sólo en medios publicitarios, sino en las diversas plataformas de atención al usuario, como páginas web y agencias de atención.






No hagas tanta Luz

A raíz de la campaña ‘‘Hablemos más simple’’ y con el slogan ‘‘No hagas tanta luz’,’ el SRC promueve la difusión de medios de pago alternativos, tales como el uso de cheques de gerencia, tarjetas de débito o el uso de transferencias bancarias, a fin de realizar transacciones monetarias de forma rápida y segura, con la finalidad de reducir el riesgo de trasladar dinero en efectivo y por importes elevados.

La originalidad y el mensaje de la campaña fueron premiados por el INDECOPI en el concurso ‘‘Primero los Clientes’’ en tanto, la campaña no se gesta para cumplir un mandato normativo, sino para mejorar permanentemente los mecanismos de información a los clientes.





* La sección "Iniciativas gremiales y ciudadanas" en Perú Consume se encuentra a cargo de Jakelyn Chacaltana y Enrique Ochoa.